La Policía Nacional de Valladolid ha concluido una investigación de más de un año sobre la presunta falsificación de comunicaciones oficiales de la Junta de Castilla y León relacionadas con una bolsa de empleo de celadores de Sacyl. El investigado habría manipulado correos electrónicos de la Administración y creado la identidad ficticia de un abogado para intentar validar su candidatura.

La investigación comenzó a raíz de una denuncia presentada por los servicios jurídicos de la Junta de Castilla y León, que en julio de 2025 alertaron de la detección de varias comunicaciones electrónicas aparentemente manipuladas.

Según las pesquisas policiales, el hombre habría modificado una respuesta auténtica de la Administración, introduciendo párrafos falsos que presentaban como válida una candidatura a su nombre en una bolsa de empleo de celadores del Servicio de Salud de Castilla y León.

Correos oficiales manipulados y un abogado ficticio

Para dar apariencia de autenticidad a las comunicaciones, el investigado habría utilizado una dirección de correo corporativa, logotipos oficiales, escudos y cláusulas de confidencialidad de la Junta de Castilla y León. Sin embargo, la presunta manipulación no se habría limitado a los correos administrativos.

Los agentes también descubrieron que el hombre habría creado una identidad profesional ficticia de un letrado, desde la que remitió varios escritos al órgano de Sacyl encargado de resolver la bolsa de empleo. En esos documentos, supuestamente redactados por un abogado, se ejercía presión sobre la Administración y se citaban las comunicaciones manipuladas como si contuvieran resoluciones firmes con efectos legales.

Durante el análisis de estos escritos, los investigadores detectaron importantes contradicciones. Entre ellas, figuraban los datos de un abogado real que estaba colegiado en una provincia diferente de aquella en la que supuestamente se encontraba su despacho profesional, ubicado falsamente en Plasencia (Cáceres).

El rastreo de las direcciones IP llevó a Motril

Una de las claves para esclarecer los hechos fue el análisis técnico de las comunicaciones electrónicas. Los investigadores de la Policía Nacional examinaron las cabeceras de los correos electrónicos y rastrearon las direcciones IP utilizadas para enviar los mensajes fraudulentos.

Estas comprobaciones permitieron situar el origen de las comunicaciones en un domicilio particular de Motril (Granada), lo que contribuyó a establecer la vinculación del investigado con los documentos presuntamente falsificados.

Investigación remitida a la autoridad judicial

Tras más de un año de pesquisas, la Policía Nacional de Valladolid ha dado por concluida la investigación, documentando la presunta autoría de los hechos y conservando el rastro digital de las comunicaciones como prueba en las diligencias instruidas. Los hechos investigados podrían constituir un delito de falsificación de documento público.

La totalidad de las actuaciones policiales ha sido remitida a la autoridad judicial competente para que determine las posibles responsabilidades penales. Por el momento, no se ha informado de que el investigado llegara a obtener una plaza en la bolsa de empleo de celadores ni de que se haya producido una detención relacionada con estos hechos.