"El interés superior del menor es ir con su familia": eso se dijo hace dos semanas de quinientos menores, en su mayoría niñas, que llevan desde finales de julio en Ceuta. Parece una frase técnica de derecho de familia. En diez palabras caben las dos mentiras que sostienen todo lo demás: que esto no tiene que ver con nosotros y que resolverlo es complicado. Así nadie tiene que preguntarse qué las empujó hasta la valla. Ninguna de las dos es cierta, y las dos nos convienen: un problema enorme es la mejor excusa para no hacer la parte pequeña.

El relato de la llamada invasión vive de la confusión, así que digamos de quiénes hablamos. La mayoría de esos menores son marroquíes y no huyen de ninguna guerra. Otra parte llega del África subsahariana tras meses o años de ruta. Son dos recorridos distintos que terminan en la misma valla, y ninguno empieza aquí.

El más largo tiene cifras. En tres décadas salieron de África 1,4 billones de dólares en flujos ilícitos, el doble de la ayuda recibida, y ese dinero no se evapora: se genera allí y se contabiliza aquí. El quince por ciento del coltán del mundo sale de Rubaya, en el Congo, donde se cava a mano por uno o dos dólares al día y donde los derrumbes de este año han matado a más de seiscientas personas, mujeres y niños entre ellas. Acaba en nuestros móviles dejando en origen una fracción mínima de lo que vale. La corrupción africana existe, y Mobutu la encarnó durante treinta y dos años al frente del Zaire. Pero no explica el grueso: hasta dos tercios de esos flujos son facturas falsas de empresas extranjeras que declaran en la aduana un precio y cobran otro. Un país que produce riqueza y no la retiene no levanta escuelas ni hospitales, y su juventud se marcha.

El recorrido corto empieza en Marruecos, que no es una democracia. La automoción es ya su primer sector exportador: nueve de cada diez coches que fabrica cruzan el mar hacia Europa y España se lleva uno de cada cinco. El coche más vendido en España, el Dacia Sandero, lleva tres años siéndolo y se monta en Tánger. La ventaja está en la nómina: según Oliver Wyman, la mano de obra de cada vehículo cuesta 106 dólares en Marruecos y 955 en España. El país crece en esas cifras y no en los barrios de donde salen los menores. Es la operación del Congo con otro decorado.

Marruecos decide además cuándo pasan: la frontera se abre y se cierra según lo que Rabat quiera obtener en cada negociación, con el respaldo intencionado y discreto de Estados Unidos y de Israel. Ese respaldo no es solo comercial ni militar. Ambos gobiernos, que han hecho de la deportación masiva y el muro una rutina, necesitan aliados árabes mientras sostienen la ofensiva sobre Gaza y presionan a Irán. Y les sirve tenerlo de su lado, y enfrentado a España. La miseria ajena es la palanca.

El expolio y la nómina explican por qué salen; la palanca, cuándo llegan. Lo que hacemos cuando están aquí es esperar. La Policía los identifica y los pone a disposición de la ciudad; a partir de ahí, el decreto de contingencia migratoria obliga a reubicarlos en quince días, y Unicef ya ha descrito su situación allí como de inseguridad e insalubridad.

El reparto es obligatorio y está regulado; lo rechazan varias comunidades gobernadas por la derecha, y tres de ellas, donde Vox lleva Infancia, ni acudieron a la reunión preparatoria. El Ejecutivo negocia lo que debería imponer. A la cuarta economía de Europa no le faltan recursos: le sobran gobiernos que han calculado que incumplir sale gratis.

Y mientras el bloqueo dura prospera la retórica del miedo, que se alimenta de una parálisis administrada por quienes la denuncian. Cada semana de retraso les regala un argumento, y los argumentos calan. La hostilidad que deja una mala gestión no se desmonta con una buena.

Nada de esto es una excepción española. Cuando los que huían eran ucranianos, Europa resolvió en días lo que aquí sigue sin resolverse. El derecho a huir es universal sobre el papel, y lo divide en la práctica el color de la piel y el país de procedencia. Sloterdijk lo llamó razón cínica: saber que algo es injusto y sostenerlo igualmente.

Salir de ahí no exige elegir entre proteger y sancionar, aunque así se plantee. Lo que esos expedientes necesitan no es generosidad, es tramitación. Al migrante que delinque le corresponde la misma condena que a cualquiera, ni más blanda por su origen ni más dura por él, y que la delincuencia sea en Ceuta un problema real no cambia la vara. Y quien difunde bulos para azuzar el odio contra ellos comete un delito tipificado que casi nunca se instruye.

No hace falta una ley nueva: basta aplicar a tiempo las que hay, porque es la demora la que fabrica todo lo demás, incluida la xenofobia.

Conviene no confundir los plazos. Todo lo anterior explica de dónde vienen, pero explicar no es excusar. Cambiar esa relación llevará años y varios gobiernos; resolver un expediente lleva semanas y depende de que alguien lo tramite y lo firme. Quien invoca lo primero para no hacer lo segundo no piensa a largo plazo: gana tiempo.

Sabemos redactar papeles. Llevamos siglos escribiéndolos para decidir quién merece estar. A Byung-Chul Han nadie se los pidió. Llegó a Alemania desde Seúl sin hablar alemán, hoy es una referencia del pensamiento europeo y el año pasado recibió el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades.

No se trata de abrir las fronteras a todos, sino de que el criterio sea el mismo venga quien venga, y de que se decida dentro de plazo. Lo contrario es cederle el sitio a la corriente xenófoba que nos arrastra. Es lo que estamos haciendo. Y las niñas siguen sin salir de Ceuta.