La democracia nació administrando la palabra. Cuando los atenienses inventaron el término -demos, el pueblo; kratos, el poder- su institución central no era la urna sino la asamblea, que se abría con la pregunta ritual del heraldo: ¿quién quiere hablar? Aquella pregunta contenía el régimen entero. Tanto, que Heródoto, para nombrar lo que distinguía a Atenas de las tiranías, no eligió el voto sino la isegoría: la igualdad en el uso de la palabra, el derecho de cualquiera a poner un asunto ante la comunidad. Aquella democracia excluía lamentablemente a muchos -a las mujeres, a los esclavos-, pero el principio que fundó sigue siendo nuestra vara de medir: nadie decide por los demás de qué se habla.

Si esa es la sustancia, la crisis actual de la vida democrática no está donde solemos buscarla. Las formas gozan de salud aparente: se vota, se debate, se publica más que nunca. Lo que se está hundiendo es el fundamento: la pregunta del heraldo ha sido confiscada. Un invento reciente, ya normalizado, consiste en hablar solo de lo que a uno le conviene y en tapar, con ruido y con método, lo que el otro intenta decir. No es censura, que dejaría huella y tendría culpables. Es sustitución: por cada asunto que compromete se fabrica otro que indigna lo mismo y no cuesta nada, y el espacio de la conversación -finito como el orden del día de cualquier reunión- queda ocupado. La ciencia política lo llamó hace décadas la segunda cara del poder: no ganar los conflictos, sino impedir que lleguen a existir públicamente. Lo que era un concepto académico es hoy descripción literal de nuestra vida pública.

Un ejemplo español lo mide: cada ciclo electoral genera abundantes análisis sobre la abstención, un objeto de estudio legítimo. Lo revelador es la ausencia casi total de análisis sobre el rentismo: la parte creciente de la renta que se obtiene por posición y no por producción -suelo, vivienda, energía, concesiones-. La explicación es precisa: la abstención es medible y moralizable, y su análisis no perjudica a nadie con capacidad de respuesta; el rentismo tiene balances, domicilios y despachos. La conversación pública prefiere sistemáticamente las preguntas sin demandados. En la asamblea ateniense, la pregunta del heraldo habría permitido plantear la incómoda; en la nuestra, alguien responde por nosotros antes de que se formule.

Ese alguien tiene hoy nombre y organización: ya no hablamos de un sesgo inocente. Los poderes mediáticos más conservadores, los partidos de la derecha y de la extrema derecha, y asociaciones de toda índole -judiciales, económicas, sociales, religiosas- que han asimilado la lección, escriben el guion de la conversación pública según su interés. Fijan el calendario de la indignación semanal, eligen el escenario y designan los portavoces. No debaten: programan. Y su instrumento más eficaz no es la mentira que puede refutarse, sino la selección: se puede ser veraz en todo lo que se cuenta y profundamente engañoso en lo que se decide no contar. Un debate cuyo temario redacta una de las partes no es un debate, es su simulacro. Esto debería preocupar a cualquier demócrata, con independencia de dónde vote, porque el daño no lo sufre un bando sino el fundamento común: cuando la vida pública se escribe desde un interés particular, la democracia sigue existiendo como procedimiento y deja de existir como realidad.

El daño opera a cualquier escala. En un pleno municipal -el de Valladolid, sin ir más lejos- cabría deliberar sobre la limpieza de la ciudad o el estado de sus parques, competencias propias y verificables; se prefiere el sanchismo, que pertenece a otros y no obliga a nada. También allí el orden del día lo ha escrito otro.

Pero lo más grave no ocurre arriba: el método se está socializando. La técnica de tapar el asunto del otro con un asunto propio ha bajado de los platós a las sobremesas, de los gabinetes de comunicación a los grupos familiares. La practicamos sin advertirlo: contestamos a un argumento cambiando de tema, respondemos a un dato incómodo con un agravio ajeno. El 'y tú más', que fue un vicio de parlamentarios, es ya una gramática común. La clínica tiene nombres para esto: desplazamiento -trasladar el malestar de su causa verdadera a un objeto que no compromete- y conspiración del silencio, el pacto tácito de evitar lo que todos saben. Lo que nació como defensa individual se propaga hoy como una pandemia. La crisis deja entonces de ser institucional para volverse cultural: no es que nos roben la deliberación, es que estamos olvidando cómo se hace. Una democracia puede sobrevivir a gobiernos malos y a prensa mala; difícilmente sobrevive a ciudadanos que ya no saben conversar sobre lo que les afecta.

No se puede seguir así, y la salida no pasa por la indignación, que es el combustible del sistema que la produce. Pasa por algo más exigente: recuperar la pregunta del heraldo, cada uno en su escala. Los demócratas tienen aquí su tarea más urgente y menos vistosa. Ni rehuir los temas incómodos, porque cederlos es perderlos, ni acudir a cada provocación, porque ese es el papel que tienen asignado. Su trabajo es deshacer las sustituciones, una por una: explicar que cuando se habla tanto de inmigración es para no hablar de vivienda, y que cuando se habla tanto de crispación es para no hablar de desigualdad. Y a los ciudadanos nos corresponde otra tarea, al alcance de cualquiera: acostumbrarnos a preguntar, ante cada tema que se nos ofrece, qué otro tema está tapando.

Porque las preguntas sustituidas no desaparecen: esperan, y esa espera tiene beneficiarios. Veinticinco siglos después, la vigencia de una democracia sigue midiéndose igual que en la colina de la Pnyx: no por cuántos votan, sino por quién puede poner su asunto ante los demás. El día en que la pregunta ya no sea ¿quién quiere hablar?, sino ¿de qué nos dejan hablar?, habremos cambiado de régimen sin darnos cuenta. Y nadie habrá dado un golpe: solo habremos aceptado, tarde tras tarde, hablar de otra cosa.