Valladolid contará con un refuerzo de su planta judicial tras la aprobación por parte del Consejo de Ministros de un paquete de nuevas plazas de jueces y fiscales para toda España. La capital vallisoletana figura entre las ciudades cuyos Tribunales de Instancia incorporarán nuevos jueces dentro de las 19 plazas judiciales creadas para Castilla y León.

La medida forma parte de una ampliación sin precedentes de la plantilla judicial y fiscal impulsada por el Gobierno. En el conjunto de la comunidad se crearán 19 nuevas plazas de jueces -18 destinadas a Tribunales de Instancia y una a la Audiencia Provincial de León-, lo que supone un incremento del 5,8 % de la planta judicial. Además, Castilla y León sumará siete nuevas plazas de fiscales, un 5,07 % más que en la actualidad.

En el caso de la provincia de Valladolid, el refuerzo llegará a los Tribunales de Instancia de la capital, que compartirán esta ampliación con otros partidos judiciales de la comunidad como León, Burgos, Salamanca, Segovia, Zamora, Soria, Palencia, Ávila, Aranda de Duero y Miranda de Ebro.

A nivel nacional, el Ejecutivo ha aprobado la creación de 500 nuevas plazas de jueces y 200 de fiscales, un total de 700 efectivos que constituyen la mayor ampliación de la historia de la Administración de Justicia española. Según destacó el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, nunca antes un Gobierno había impulsado una ampliación de estas dimensiones.

La creación de estas plazas se enmarca en el despliegue de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que sustituye el modelo tradicional de juzgados unipersonales por Tribunales de Instancia, con una organización más flexible y una única Oficina Judicial de apoyo. Este sistema permite crear nuevas plazas con un coste notablemente inferior al del modelo anterior y adaptar con mayor rapidez los recursos a la carga de trabajo.

En el ámbito de la Fiscalía, las nuevas plazas servirán para reforzar áreas como la lucha contra los delitos de odio y discriminación, la trata de personas, la violencia sobre la mujer, la criminalidad informática y la cooperación penal internacional, entre otras especialidades. La distribución de los nuevos efectivos se ha realizado teniendo en cuenta criterios como la carga de trabajo, la litigiosidad y la población de cada territorio, así como las necesidades planteadas por el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía y los tribunales superiores de justicia.