La crisis de credibilidad de la justicia española es un hecho que cualquier ciudadano reconoce y que las instituciones siguen sin querer nombrar con la precisión que merece. Ese silencio institucional ante lo evidente no es prudencia. Es parte del problema.

La percepción de que la ley no se aplica con igual intensidad según quién sea el investigado, según qué intereses estén en juego o según qué sector del espectro político ocupe el banquillo no es una conspiración ni un prejuicio. Es una experiencia acumulada, extendida y reconocible para cualquier ciudadano que preste atención. Y cuando esa percepción se consolida, algo irreparable empieza a ocurrir: la ciudadanía deja de creer que la justicia es un bien común y empieza a tratarla como un instrumento de poder. Ese momento no es el final de la crisis. Es su punto de no retorno.

Una justicia sin legitimidad no es justicia. Es poder con toga.

Esta deriva no ocurre en el vacío ni es producto de la casualidad. La extrema derecha europea lleva dos décadas desarrollando una estrategia deliberada de colonización de las instituciones judiciales como parte de su guerra cultural más amplia. No busca destruir la justicia: busca capturarla, convertirla en instrumento de persecución del adversario político y de protección de los propios.

Lo que Orbán ha hecho en Hungría con el poder judicial es el ejemplo más documentado y más brutal: si no puedes ganar el argumento en el debate público, gánalo en los tribunales. Si no puedes derrotar al adversario en las urnas, inhabilítalo en los juzgados. La lógica es universal y la judicialización de la política tiene aquí su cara más oscura: no es solo un síntoma de la crisis democrática sino uno de sus instrumentos más eficaces y más difíciles de combatir precisamente porque utiliza las formas del derecho para vaciarlo de contenido.

La independencia judicial no es un privilegio de los jueces: es una garantía de los ciudadanos. No existe para proteger a quienes imparten justicia sino para proteger a quienes la reciben. Pero esa independencia tiene dos enemigos igualmente peligrosos, como ha demostrado Luigi Ferrajoli, jurista italiano y uno de los teóricos más rigurosos del garantismo democrático contemporáneo: la presión política explícita, que es visible y combatible, y la captura ideológica silenciosa, que es invisible y por eso más devastadora.

Una judicatura que ha interiorizado los valores de una determinada cultura política sin saberlo no se percibe a sí misma como parcial: se percibe como neutral. Esa es precisamente su mayor peligro. Y el mayor obstáculo para corregirla.

Lo que está en juego no es una cuestión de imagen institucional ni de prestigio corporativo. Lo que está en juego es la capacidad de los ciudadanos de confiar en que cuando acuden a un tribunal encontrarán la misma ley que encontraría cualquier otro, independientemente de su nombre, su posición o sus conexiones. Esa confianza no es un lujo democrático: es su condición de posibilidad. Los sucesivos barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas y los informes europeos sobre independencia judicial documentan con precisión la erosión de esa confianza: la igualdad ante la ley no es una conquista irreversible sino una práctica cotidiana que se sostiene o se erosiona en cada resolución, en cada criterio aplicado con distinta intensidad, en cada caso resuelto de forma que el ciudadano reconoce como desigual sin poder demostrarlo. Cuando esa erosión se acumula, la ley deja de ser igual para todos y se convierte en el argumento del más fuerte con membrete judicial.

Una sociedad en la que eso ocurre no tiene problemas de justicia. Ha perdido la justicia.

El silencio de muchos juristas demócratas ante esta deriva es el escándalo más invisible de nuestra vida pública. No el único ni el mayor, pero sí el más inexcusable: porque quienes han dedicado su vida al derecho como vocación democrática tienen una responsabilidad que ningún otro ciudadano tiene en la misma medida. Su silencio no es neutralidad. Es complicidad.

La complicidad que se prolonga deja de ser involuntaria. Los jueces, fiscales, abogados y académicos del derecho que comparten los valores de la democracia constitucional no pueden seguir ejerciendo su profesión como si nada estuviera ocurriendo mientras las instituciones que custodian son colonizadas desde dentro. Tienen la obligación de nombrar lo que ven, de defender públicamente los principios que dan legitimidad a su función y de resistir activamente. Quien custodia la justicia y calla mientras la capturan no es un testigo neutral. Es el último cómplice.

Una justicia creíble no es solo una justicia independiente en el papel. Es una justicia que rinde cuentas de su coherencia, que explica sus criterios, que acepta el escrutinio público de sus decisiones sin interpretarlo como un ataque a su autoridad. La transparencia no compromete la independencia judicial: la refuerza. Y su ausencia no la protege: la destruye lentamente, resolución a resolución, silencio a silencio, hasta que el día en que la ciudadanía deja definitivamente de creer en ella ya nadie recuerda cuándo empezó el deterioro.

Lo que está ocurriendo tiene un nombre: es la captura progresiva de la justicia por intereses que no son los de la ley ni los de los ciudadanos. Es la conversión de un poder que debería ser el último garante de la igualdad en un instrumento de desigualdad con apariencia de legalidad. Es, en términos precisos, una forma de corrupción institucional que no requiere sobornos ni ilegalidades manifiestas: requiere solo la acumulación silenciosa de decisiones asimétricas, de criterios que se aplican con distinta intensidad según el caso, de una cultura judicial que ha perdido de vista para quién existe. Una democracia que tolera eso no está en peligro. Ya está herida. Y las heridas que no se nombran no se curan. Se infectan.