CSIF ha denunciado nuevas trabas y demoras en la atención sanitaria a mutualistas de MUFACE tras el caso de un funcionario de Valladolid con un adenocarcinoma pulmonar en estadio IV que tuvo que costearse una prueba diagnóstica ante la negativa inicial de la entidad sanitaria.

Según explica el sindicato, el afectado, identificado con las iniciales J.C.A.M., ya había sido diagnosticado de cáncer en 2024 y había pasado por una intervención quirúrgica. Ante la sospecha de recaída, su oncólogo solicitó el pasado 9 de marzo una prueba PET-TC de carácter urgente para reevaluar la evolución de la enfermedad.

Sin embargo, la autorización fue denegada inicialmente al alegarse "falta de indicación", lo que derivó en un proceso de reclamaciones e intercambio de informes médicos que se prolongó durante semanas.

El mutualista presentó reclamaciones los días 20 de marzo, 10 de abril y 17 de abril. Finalmente, decidió someterse por su cuenta a la prueba diagnóstica, asumiendo personalmente el coste económico. El resultado del PET-TC, realizado el 29 de abril y conocido el 4 de mayo, confirmó una recidiva pulmonar y metástasis óseas.

"A veces desaparecen las fuerzas para luchar contra ambas cosas a la vez", lamenta el afectado, que asegura que le hicieron "perder un tiempo precioso".

Desde CSIF sostienen que este tipo de situaciones no son casos aislados y denuncian la existencia de un patrón reiterado de retrasos, negativas a pruebas diagnósticas y obstáculos administrativos, especialmente en patologías graves y de alto coste. El sindicato recuerda que la Dirección General de MUFACE anunció en marzo de 2026 la creación de una comisión de prestaciones con las entidades sanitarias para reforzar la vigilancia sobre este tipo de incidencias, aunque considera que la medida "no está funcionando".

CSIF reclama el fin de las demoras injustificadas, garantías de acceso rápido a pruebas y tratamientos y una atención "digna, equitativa y de calidad" para los mutualistas. Además, advierte de que no descarta nuevas movilizaciones y acciones sindicales si no se adoptan soluciones "reales e inmediatas" ante una situación que, según denuncia, afecta directamente a la salud de los funcionarios.