El arranque de 2026 ha vuelto a poner de manifiesto las dificultades de las administraciones para encontrar empresas que ejecuten la obra pública en Castilla y León. En la provincia de Valladolid, un total de seis proyectos se han quedado en el aire durante el primer trimestre del año, según los últimos datos de la Cámara de Contratistas de Castilla y León, recogidos por Ical.

A diferencia de lo ocurrido en otras provincias de la Comunidad, donde tanto la Junta como el Gobierno central han sufrido desiertos en sus concursos, en Valladolid la totalidad de las obras paralizadas pertenecen a la administración local. Ayuntamientos y la institución provincial han visto cómo seis actuaciones, con un presupuesto conjunto de 503.424,7 euros, no han recibido ofertas de ninguna constructora y deberán volver a salir a licitación.

Cero desiertos en las administraciones estatal y regional

El balance del periodo comprendido entre enero y marzo deja una lectura positiva para la Administración Central y la Regional en Valladolid, ya que ninguna de sus licitaciones en la provincia se declaró desierta. Esta situación contrasta con el panorama autonómico, donde la Junta de Castilla y León ha tropezado con seis obras por valor de 5,48 millones de euros, y el Gobierno central ha dejado otros cuatro proyectos en el cajón por un importe de 249.151 euros.

Contexto de incertidumbre económica

Esta parálisis de proyectos, que afecta a 40 obras en toda la Comunidad por un total de 11,2 millones de euros, se enmarca en un contexto de turbulencias mundiales y aumento de precios que resta atractivo a determinados contratos públicos. La complejidad técnica, la ubicación o los ajustados presupuestos están provocando que los constructores declinen participar en las pujas, un fenómeno que ya se vivió en crisis anteriores como la de 2021 y 2022.

Además, el sector mira con preocupación el calendario de los fondos europeos Next Generation, cuyo cierre operativo del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) está fijado para el próximo 31 de agosto de 2026. La necesidad de cumplir con estos plazos aumenta la presión sobre los ayuntamientos vallisoletanos, que deberán agilizar sus nuevos procesos de contratación para no perder la financiación internacional.

En términos generales, la inversión pública en Castilla y León ha experimentado un ligero retroceso del 1,8 % en el primer trimestre, con un volumen total licitado de 365,6 millones de euros frente a los 372,5 millones del año anterior. Mientras la administración central ha aumentado su licitación un 26,5 %, la autonómica ha sufrido un recorte del 40 %.