La declaración de los testigos en el juicio del conocido como ‘Caso ataúdes’ volvió a dejar este martes duras escenas en la Audiencia Provincial de Valladolid. Uno de los testimonios más impactantes fue el de R. P., quien aseguró haber reconocido el cuerpo de su padre en unas imágenes tomadas durante la investigación, en una situación que calificó de "barbaridad" y "crueldad extrema".

Según explicó, su padre falleció en agosto de 2013 y fue incinerado en las instalaciones del grupo funerario El Salvador en Santovenia de Pisuerga. Sin embargo, años después, en 2019, la Policía Nacional le mostró unas fotografías en las que, afirmó, pudo identificarlo "sobre un palé de madera, con un cartón en el pecho con su nombre", y no dentro del féretro en el que había sido trasladado.

El testigo también señaló que la familia nunca fue informada de que la incineración se realizaría en Santovenia y no en el tanatorio donde tuvo lugar el velatorio. "Dimos por hecho que todo se haría allí", aseguró, antes de mostrar su "repulsa total" por lo ocurrido.

Prisas, dudas y dolor

Los testimonios de otros afectados coincidieron en señalar la rapidez con la que se desarrollaban los procesos y la falta de información a las familias. M.C.B., que perdió a su hijo en 2003, relató cómo apenas pudo despedirse de él antes de la incineración. "Me agarré al féretro para estar un rato más, pero lo metieron para dentro y ya no vi nada más", recordó. También denunció que, al recoger las cenizas, un familiar encontró la urna "tirada en el suelo, en un rincón", lo que aumentó sus dudas sobre si los restos entregados eran realmente los de su hijo.

En la misma línea, varios testigos expresaron su incertidumbre sobre la autenticidad de las cenizas recibidas. Algunos incluso describieron diferencias en su aspecto, como en el caso de S., quien señaló que las de su madre eran "como tabaco" mientras que las de su abuela eran "polvo".

La indignación fue una constante en la sala. E.M, que incineró a sus padres entre 2011 y 2013, calificó los hechos de "repugnantes" y denunció que los fallecidos fueron tratados "como una mercancía". Otros afectados, como M. o R., incidieron en el daño moral causado y en la sensación de haber sido engañados en un momento de especial vulnerabilidad. "Utilizaron el dolor de las familias para hacer negocio", lamentaron.

También hubo testimonios que apuntaron a presiones comerciales. M.A.B. relató que una empleada de la funeraria insistió en que adquirieran un féretro más caro pese a que el cuerpo iba a ser incinerado.

Algunos relatos incluyeron detalles que incrementaron la inquietud de los familiares. M.E.R. explicó que las cenizas de su marido pesaban poco y, al verterlas, "parecían piedras". Otros testigos denunciaron que no se les permitió presenciar el momento en que el féretro entraba en el horno crematorio. En todos los casos, los testimonios reflejaron un sentimiento común de desconcierto, rabia y dolor al revivir lo ocurrido años después.

Un juicio con penas de más de 200 años

El juicio continuará en los próximos días con la declaración de más testigos. La Fiscalía solicita penas que superan los 200 años de cárcel para los acusados por un presunto fraude continuado basado en el cambiazo de ataúdes entre 1995 y 2015.

Entre los principales encausados se encuentran familiares del propietario de la funeraria, ya fallecido, para quienes el Ministerio Público reclama hasta 20 años de prisión por delitos que incluyen organización criminal, estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y falsedad documental.