La Fiscalía de Valladolid ha denunciado al activista de extrema derecha Alberto González de Juan, conocido como Alberto Pugilato, por presuntamente instigar y respaldar desde sus redes sociales campañas de acoso dirigidas contra distintas figuras públicas vinculadas a posiciones de izquierdas.

La denuncia, presentada inicialmente por un particular, pone el foco en la actividad desarrollada por González de Juan a través de sus perfiles de X @albertopugilat y @pugilato2014, que acumulan más de 85.000 seguidores, además de su canal de YouTube.

Según recoge el escrito, el denunciado habría difundido contenidos que, a juicio de la Fiscalía, no se limitarían a expresar opiniones políticas, sino que podrían haber servido para incitar, legitimar o reforzar acciones de acoso contra determinadas personas por motivos ideológicos.

El Ministerio Público apunta que algunas de esas publicaciones emplearían un lenguaje dirigido a movilizar a terceros, presentarían como normales determinadas formas de violencia política y justificarían acciones de presión contra las personas señaladas.

El caso de Quequé

Uno de los episodios destacados en la denuncia está relacionado con el cómico salmantino Héctor de Miguel, conocido como Quequé.

El escrito sostiene que Pugilato habría publicado en X información sobre fechas y lugares en los que el humorista tenía previstas actuaciones, acompañada de llamamientos a acudir para "aplaudirle". La denuncia interpreta esta expresión como un posible eufemismo para promover agresiones o acciones de hostigamiento.

Además, la Fiscalía señala que posteriormente el activista habría difundido mensajes en los que se mostraba satisfecho por la cancelación de parte de la gira del humorista como consecuencia de las presiones recibidas.

Estos hechos forman parte de un conjunto más amplio de publicaciones que, según la denuncia, habrían contribuido a generar un clima de hostigamiento hacia diferentes personalidades públicas.

También aparecen Sarah Santaolalla y Elena Reinés

El escrito menciona igualmente contenidos dirigidos contra la periodista Sarah Santaolalla y la comunicadora Elena Reinés, a quienes la denuncia sitúa dentro del ámbito de posiciones políticas de izquierdas.

La Fiscalía presta especial atención a determinados mensajes en los que se animaría a mantener la presión sobre estas personas. Entre las expresiones recogidas aparece 'Apreteu' y 'Apreteu que funciona', utilizadas, según la denuncia, como una llamada a continuar con las acciones de hostigamiento.

El Ministerio Público considera que el conjunto de publicaciones debe analizarse no de manera aislada, sino dentro de un contexto en el que podrían haber servido para favorecer la movilización de seguidores contra personas concretas.

La investigación ya está en marcha

A partir de estos hechos, la Fiscalía considera que las conductas denunciadas podrían ser constitutivas de un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas garantizados por la Constitución, contemplado en el artículo 510.1.a) y 1.b), párrafos tercero y quinto, del Código Penal.

Este artículo recoge los denominados delitos de odio, que pueden estar castigados con penas de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses, dependiendo de las circunstancias y de la conducta concreta investigada.

El Ministerio Fiscal remitió el asunto a la Plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valladolid, que el pasado 24 de julio acordó incoar diligencias previas para investigar los hechos que podrían haberse producido a través del perfil de X del denunciado.

La apertura de estas diligencias supone el inicio de una investigación judicial y no implica, por sí misma, que exista una condena ni que los hechos denunciados hayan quedado acreditados. Será durante la instrucción cuando se determine el alcance de las publicaciones y si pueden constituir finalmente algún delito.