La Fiscalía ha ratificado su solicitud de cuatro años de prisión para una mujer acusada de participar en una estafa que habría alcanzado cerca de 100.000 euros mediante supuestas inversiones en criptomonedas. El caso ha quedado visto para sentencia tras el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Valladolid.

Según el Ministerio Público, la procesada habría desempeñado un papel esencial en el fraude al facilitar cuentas bancarias de su titularidad, algunas ubicadas en países como Malta, Lituania o Luxemburgo, a través de las cuales se canalizaron transferencias procedentes de la víctima.

Durante la vista oral, la acusada defendió su inocencia y aseguró haber sido también engañada. Explicó que trabaja en el ámbito de la ayuda a domicilio con ingresos modestos y que aceptó participar en lo que creía una oportunidad para obtener dinero adicional. Según su versión, fue contactada por terceros que le indicaron descargar una aplicación desde la que, supuestamente, gestionarían inversiones en su nombre.

La mujer afirmó que nunca recibió beneficios y que llegó a invertir inicialmente una pequeña cantidad con la expectativa de recuperar fondos vinculados a criptomonedas. "No sabía realmente lo que estaban haciendo", sostuvo ante el tribunal.

Por su parte, el denunciante relató que accedió a este sistema tras ver publicidad de una plataforma de inversión y recibir asesoramiento telefónico. Llegó a transferir 30.000 euros en dos operaciones iniciales, aunque negó haber realizado otras transferencias posteriores que figuran en el procedimiento.

Agentes de la Guardia Civil especializados en delitos informáticos explicaron durante el juicio el funcionamiento de este tipo de estafas, basadas en técnicas de ingeniería social. Según detallaron, los estafadores captan a las víctimas mediante promesas de alta rentabilidad, las dirigen a canales de mensajería y les inducen a instalar aplicaciones fraudulentas que permiten simular beneficios e incluso operar de forma remota sobre sus cuentas.

En este caso, la Fiscalía considera probado que la acusada actuó como "cooperadora necesaria", al ser titular de las cuentas utilizadas para mover el dinero, lo que habría permitido consumar el perjuicio económico.

La defensa, en cambio, insiste en que su clienta carece de conocimientos técnicos y no participó en la captación ni en el engaño directo a la víctima, por lo que solicita su absolución.

Con las posiciones enfrentadas, el tribunal deberá ahora determinar el grado de implicación de la acusada en una modalidad delictiva cada vez más frecuente en el ámbito digital.