La Junta de Castilla y León ha aprobado una modificación relevante en la autorización ambiental concedida en 2007 a la cooperativa azucarera Acor, con el objetivo de adaptar la situación administrativa de sus instalaciones tras la ejecución de nuevas infraestructuras sin evaluación ambiental previa.

La decisión, publicada este lunes en el Boletín Oficial de Castilla y León, afecta a la actividad de fabricación de azúcar en la planta de la cooperativa, donde se construyó un almacén y un sistema de secado solar de pulpa de remolacha antes de que la Administración realizara el análisis de impacto ambiental correspondiente.

Según detalla la resolución, cuando los técnicos de la Consejería de Medio Ambiente llevaron a cabo la inspección, "las obras ya estaban finalizadas". Esta circunstancia ha condicionado el procedimiento seguido, ya que la normativa vigente contempla un tratamiento específico para los proyectos que se ejecutan sin haber pasado previamente por el proceso de evaluación ambiental.

En concreto, la Administración autonómica se remite a lo establecido en la Ley 21/2013 de evaluación ambiental, que recoge que no procede realizar una evaluación de impacto ambiental en aquellos proyectos que ya estén parcial o totalmente ejecutados. A partir de este criterio, el expediente fue derivado al área competente en prevención ambiental con el fin de regularizar la situación.

De este modo, la Junta opta por modificar la autorización original en lugar de exigir una evaluación posterior, incorporando las condiciones técnicas necesarias para garantizar el cumplimiento de la normativa medioambiental vigente. La resolución incluye además un anexo con las prescripciones que deberá respetar la cooperativa en el desarrollo de su actividad.

Asimismo, la validez de la autorización queda supeditada al cumplimiento de todas las obligaciones legales aplicables en materia ambiental, así como del resto de normativas sectoriales. La Administración advierte de que el visto bueno no exime a la empresa de posibles responsabilidades si se detectan incumplimientos.

Por otro lado, la cooperativa dispone de un plazo máximo de cinco años desde la notificación oficial para poner en marcha la actividad conforme a las nuevas condiciones establecidas.

Con esta decisión, la Junta busca dar encaje legal a unas instalaciones ya construidas, en un procedimiento que pone de relieve las limitaciones de la legislación cuando las actuaciones se desarrollan al margen de los trámites ambientales previos.