El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Valladolid, Nacho Zarandona, ha asegurado que la posible reapertura de la Sala Mambo, ubicada en la calle San Felipe Neri, continúa siendo un asunto "muy complicado administrativamente" y pendiente aún de la decisión definitiva de la Junta de Gobierno municipal que este lunes celebra una nueva sesión.

Zarandona ha explicado que el proceso arrastra una tramitación larga y "compleja", que comenzó con una primera solicitud de licencia medioambiental y de obras que fue denegada el pasado año al no quedar aclaradas cuestiones clave sobre la titularidad de determinados espacios porque desconocían si correspondían a la comunidad de vecinos o al propio local. Esa denegación derivó en un procedimiento contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento que aún no se ha resuelto.

Tras ese primer rechazo, los promotores presentaron un nuevo proyecto que ha requerido "muchísimas entregas de documentación" y sucesivas peticiones de aclaraciones por parte de los técnicos municipales. Además, durante la tramitación se han personado comunidades vecinales y particulares afectados, que han presentado numerosas alegaciones, todas ellas ya respondidas por el Consistorio. Fruto de este proceso, Urbanismo ha validado recientemente un proyecto básico, lo que implica que, en principio, la actividad podría desarrollarse en ese emplazamiento si cumple todas las condiciones exigidas. No obstante, el concejal ha recalcado que esta validación no supone la concesión de la licencia, ya que la decisión corresponde exclusivamente a la Junta de Gobierno.

"El expediente tiene todas las garantías", ha señalado Zarandona, quien ha insistido en que se trata de un procedimiento reglado que debe ajustarse a la normativa vigente, como la Ley de Espectáculos de Castilla y León, el Código Técnico de la Edificación o el Plan General. "No son opiniones ni mía ni del alcalde; aquí lo que hay es la posibilidad de cumplir con la norma", ha subrayado. El concejal ha reconocido, además, la sensibilidad del asunto, tanto por su complejidad jurídica como por el impacto social. En este sentido, el Ayuntamiento ha mantenido reuniones con vecinos de las zonas de Teresa Gil y Felipe Neri, así como con personas que han presentado alegaciones, quienes han mostrado de forma generalizada su rechazo a la reapertura del local.

Entre las principales preocupaciones vecinales figuran el ruido, la salida de hasta 400 personas de madrugada -en torno a las 4.30 horas, que es cuando puede cerrar- y las posibles molestias asociadas, como la suciedad o las alteraciones del descanso. "Quizá razón no les falta. Cualquiera lo comprende", ha admitido Zarandona, aunque ha insistido en que la decisión debe basarse exclusivamente en el cumplimiento de la normativa. El edil ha defendido que el Ayuntamiento actúa con "rigor" y con la voluntad de evitar problemas futuros en un asunto que incluso ha sido judicializado. En este sentido, ha señalado que, tras cerca de dos años de tramitación -uno de ellos utilizado por los propios promotores-, el Consistorio busca "tener todas las cautelas" antes de adoptar una decisión definitiva.

Actualmente, el expediente se encuentra a la espera de su paso por la Junta de Gobierno, donde se debatirá su aprobación o denegación. Zarandona no ha querido adelantar el sentido de la decisión, aunque ha indicado que no se prevé una dilación prolongada y que podría resolverse en breve, incluso si se retrasa "una semana más". "No lo vamos a dilatar mucho más tiempo", ha añadido. En caso de que la Junta de Gobierno dé el visto bueno, se trataría únicamente de la aprobación del proyecto básico. A partir de ahí, los promotores deberían desarrollar el proyecto de ejecución, obtener el decreto correspondiente y ejecutar las obras bajo supervisión municipal. Solo tras las inspecciones pertinentes y el cumplimiento de todos los requisitos podría autorizarse la apertura del local, que en ningún caso sería inmediata.

"El Ayuntamiento quiere aprobar algo que esté completamente revisado por todas nuestras áreas", ha concluido Zarandona, quien ha reiterado que la prioridad es garantizar la seguridad jurídica y el cumplimiento de la normativa en un expediente marcado por su complejidad y la controversia social generada.