La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo ha condenado a ocho años de prisión a un hombre acusado de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, que se aprovechaba de la situación de vulnerabilidad de mujeres de origen sudamericano para emplearlas en su empresa de limpieza y cuidado de personas mayores y dependientes, una red que operaba en varias ciudades, entre ellas Valladolid, donde tenía una de sus principales sucursales.

El condenado, que ha aceptado la petición de la Fiscalía, era el administrador único de la empresa y el máximo responsable de un entramado empresarial que contaba con delegaciones en Gijón, Valladolid, Salamanca y Santander. Desde esta estructura se captaba a mujeres en situación de extrema precariedad económica y personal, muchas de ellas sin documentación o en situación administrativa irregular, lo que limitaba gravemente sus posibilidades de acceso al mercado laboral.

Según los hechos probados, el acusado conocía perfectamente las circunstancias de vulnerabilidad de las trabajadoras y se servía de ellas para imponer condiciones laborales abusivas, con sueldos por debajo del convenio, jornadas prolongadas y extenuantes, ausencia de descansos y vacaciones, falta de contratos laborales y, en la mayoría de los casos, sin alta en la Seguridad Social.

En el caso concreto de Valladolid, la investigación judicial sitúa a la pareja sentimental del principal condenado como responsable directa de la sucursal ubicada en la capital vallisoletana. Esta mujer, considerada el segundo escalón de la organización, controlaba las cuentas bancarias de la empresa, gestionaba su patrimonio y daba instrucciones tanto a las empleadas de Valladolid como a las de las sucursales de Salamanca, Gijón y Santander. La acusada ha reconocido los hechos y ha aceptado una condena de un año y medio de prisión.

Durante el juicio, celebrado esta semana, se acreditó que el principal condenado tomaba las decisiones estratégicas, supervisaba el funcionamiento de todas las delegaciones y se desplazaba periódicamente a ciudades como Valladolid para entrevistar a posibles trabajadoras y realizar los pagos, que se efectuaban mayoritariamente en efectivo y en mano.

Los contratos que la empresa firmaba con los clientes establecían, de forma teórica, días libres en festivos concretos —como Semana Santa, Navidad o Año Nuevo—, descanso diario de dos horas y el compromiso de abonar la Seguridad Social y cubrir las vacaciones. Sin embargo, la realidad distaba mucho de lo estipulado: las trabajadoras eran presionadas para trabajar en festivos por 40 o 50 euros diarios, bajo la amenaza de descuentos salariales, y se les obligaba a continuar trabajando incluso estando enfermas, sin posibilidad de acudir solas al médico.

Además de la condena principal y la impuesta a la responsable de la sucursal de Valladolid, la Fiscalía ha solicitado penas de entre seis y dieciocho meses de prisión para otras cinco personas implicadas en la trama, que colaboraban en la gestión de las distintas delegaciones.

La sentencia pone de relieve la existencia de una red de explotación laboral organizada que operó durante años en varias provincias, entre ellas Valladolid, aprovechándose de la vulnerabilidad de mujeres extranjeras para obtener beneficios económicos a costa de vulnerar de forma sistemática sus derechos laborales y personales.