El Grupo Municipal Socialista ha denunciado este jueves en la Comisión de Hacienda y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Valladolid lo que considera un grave caso de discriminación laboral por razón de embarazo, tras la decisión municipal de no contratar a una trabajadora integrante de una bolsa de empleo. La propuesta del PSOE para dejar sin efecto dicha decisión fue rechazada por los grupos del PP y VOX, que sostienen el equipo de gobierno... de ahí la polémica.

Según ha expuesto el PSOE, los hechos se remontan a finales de noviembre de 2025, cuando el Ayuntamiento decidió no formalizar la contratación de una trabajadora de la bolsa de empleo de la categoría de Peones para cubrir un contrato de sustitución de larga duración, de aproximadamente un año y medio. El decreto municipal alegó que, debido a su embarazo, no era posible adaptar el puesto en el Servicio de Limpieza. Para los socialistas, esta argumentación vulnera el principio de no discriminación por razón de sexo y maternidad en el acceso al empleo público.

Durante la comisión, el Grupo Socialista recordó que la propia resolución administrativa de la Sentencia del Tribunal Constitucional 108/2019, de 30 de septiembre, establece que excluir a una mujer de un proceso de contratación por estar embarazada constituye una discriminación directa. A juicio del PSOE, lejos de justificar la actuación municipal, esta referencia refuerza la ilegalidad de la decisión adoptada.

Los socialistas también subrayaron que la trabajadora había desempeñado el mismo puesto hasta el 14 de octubre de 2025, cuando ya estaba embarazada y lo había comunicado, sin que fuera necesaria ninguna adaptación del puesto. Este hecho, sostienen, desmonta el argumento de una imposibilidad sobrevenida y evidencia que la causa real de la no contratación fue su embarazo. Además, señalaron que, tras la denuncia pública, el equipo de gobierno planteó como "compensación" ofrecerle el primer contrato disponible una vez finalizado su embarazo, lo que, en opinión del PSOE, supone un reconocimiento implícito de que no existía una causa legal para su exclusión inicial.

La concejala Charo Chávez fue especialmente crítica y afirmó que "no es de recibo que en pleno 2026 el equipo de gobierno del PP y VOX siga permitiendo este tipo de discriminaciones contra las mujeres por el hecho de estar embarazadas", al tiempo que defendió que la administración pública debe ser "ejemplar" en la defensa de la igualdad y los derechos fundamentales.

Por su parte, el concejal de Hacienda, Personal y Modernización Administrativa, Francisco Blanco, rechazó de forma tajante las acusaciones y aseguró que "aquí no hay ninguna discriminación". Según explicó, existe un informe médico -que, a su juicio, el PSOE omite- que advierte de que la trabajadora, en su actual estado de embarazo, no puede desempeñar ese puesto concreto sin poner en riesgo su salud y la de su bebé.

Blanco defendió que ignorar dicho informe habría sido "una auténtica irresponsabilidad" y acusó a los socialistas de anteponer el "ruido político" al respeto de un criterio médico. "La decisión del Ayuntamiento no se basa en el embarazo en sí, sino en la existencia de un informe médico que declara a la trabajadora no apta para ese puesto en unas condiciones determinadas", subrayó, al tiempo que calificó de "doloroso" que el PSOE "utilice el embarazo como arma política".

Por último, el edil insistió en que la igualdad "no consiste en empujar a una embarazada a asumir riesgos reales y concretos", sino en proteger su salud y la del bebé, y concluyó que convertir este caso en una acusación de discriminación "cruza una línea que no se debería cruzar nunca".