La portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Valladolid, Irene Carvajal, anunció este viernes que su formación condicionará la aprobación de los presupuestos municipales de 2026 a la creación de una mesa de estudio e investigación destinada a evaluar la supresión o suspensión del régimen sancionador de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE).

Carvajal recordó que su formación ya dio pasos en esta dirección meses atrás. En el pleno de junio, explicó, VOX presentó una moción para solicitar al Gobierno de España la derogación de las ZBE tras lo sucedido en Francia. También reivindicó que fue VOX quien logró "reducir a la mínima expresión" la ZBE de Valladolid acompañada de "una batería considerable de exenciones".

No obstante, la portavoz insistió en que la implantación de la ZBE vino condicionada por la Ley estatal 7/2021, que obliga a todos los municipios de más de 50.000 habitantes a establecer estas zonas. Según ella, no hacerlo habría supuesto la pérdida de fondos europeos y de otras ayudas estatales, además de la amenaza del ministro Óscar Puente de retirar subvenciones al transporte público. "Aceptamos porque la situación del Ayuntamiento era compleja", señaló, justificando así el acuerdo alcanzado en el pacto de Gobierno con el PP.

Críticas al impacto de la ZBE

Tras cinco meses de funcionamiento de la ZBE, Carvajal aseguró haber mantenido conversaciones con trabajadores y vecinos, quienes, afirma, transmiten la "desproporcionalidad" de la medida. Según la portavoz, la zona está provocando que haya personas que "se estén autorrestringiendo para no ser sancionadas", y el comercio local lo está notando. 

También mencionó que algunos ciudadanos están solicitando ayudas para renovar sus vehículos, y advirtió de que un "cierre del parque automovilístico", como anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dejaría a muchos conductores expuestos a sanciones.

Además, Carvajal defendió que la calidad del aire en Valladolid "ha sido buena, es buena y seguirá siendo buena", y que existen sentencias que ya están anulando sanciones por la "disfunción" entre el régimen sancionador y los principios del derecho administrativo. 

Una mesa "pionera" y el papel del PP

VOX propone una mesa de trabajo que, según Carvajal, sería "pionera", ya que no tiene constancia de que otras ciudades hayan estudiado la suspensión del régimen sancionador. La portavoz aseguró que la primera reacción del alcalde ante su propuesta fue "buena" y que confía en que el PP acepte esta condición, ya que "al que beneficia es al ciudadano".

Carvajal sostuvo que la ley permite suspender el régimen sancionador "por interés público y general", siempre que existan informes jurídicos y técnicos que lo avalen. Según explicó, estos informes son esenciales "ante las amenazas de Óscar Puente", aunque subrayó que ella prefiere trabajar "con diálogo y razonamientos técnicos".

La votación de los presupuestos está prevista para este martes, y VOX espera obtener una respuesta del PP antes de esa fecha. Carvajal afirmó, en este sentido, que el resto de acuerdos presupuestarios ya se han ido negociando, pero que esta condición es, de momento, "la única" que han puesto.