Decía Thomas Jefferson que "Agricultura, manufacturas, comercio y navegación —los cuatro pilares de nuestra prosperidad— prosperan más cuando se dejan libres para la empresa individual". Pero en Castilla y León, una comunidad que paradójicamente gobierna un partido que se dice liberal, el espacio para la empresa privada se reduce cada vez más en el ámbito de las infraestructuras públicas, especialmente en un sector tan vital como el abastecimiento de agua. Lo ocurrido con la Mancomunidad ETAP Benavente y Los Valles y el papel omnipresente de SOMACYL no es un episodio aislado, sino un síntoma de un modelo que se estrecha, que concentra y que, en última instancia, empobrece la pluralidad de soluciones que un territorio complejo necesita.

La Junta de Castilla y León ha consolidado en SOMACYL, su empresa pública de infraestructuras, un operador que actúa simultáneamente como ejecutor, financiador privilegiado, gestor técnico y árbitro último de los proyectos más sensibles: el ciclo del agua, las redes de calor, la vivienda pública y el desarrollo de suelo industrial. Lo hace, además, con un músculo financiero alimentado por aportaciones dinerarias específicas, fondos europeos y presupuestos de capital que ningún operador privado puede igualar. Hasta aquí, podría decirse, no hay más que una apuesta por reforzar lo público. Pero el problema comienza cuando ese refuerzo se transforma en acaparamiento, cuando la empresa pública desplaza de facto a todo posible competidor; cuando, por las condiciones impuestas, solo hay financiación si SOMACYL es la elegida.

El caso de Benavente es paradigmático. La Mancomunidad necesitaba modernizar su red: una ETAP envejecida, ramales que requieren inversión, una deuda heredada con ACUAES. Había consenso técnico y urgencia política. Pero la financiación de la Junta y de la Diputación, 2,5 millones de euros, llegó acompañada de una condición determinante: el dinero solo llegaría si se aprobaba el convenio que entregaba la gestión a SOMACYL. La abstención de algunos municipios retrasó la aprobación y bastó un voto dubitativo para que el presidente de la Diputación advirtiera públicamente que, si el convenio no prosperaba, "se retiraría la financiación", lo que a su vez encarecería el coste del agua para los vecinos.

Ese es el punto delicado, casi frágil, donde la política deja de ser un ejercicio de convicción y se convierte en un ejercicio de presión. Cuando una inversión técnicamente justificada se condiciona no a criterios de eficiencia, sino a una estructura organizativa concreta, la gestión por el medio propio autonómico, la autonomía local se vuelve papel mojado y la libre competencia, una quimera.

Pero este no es solo un debate municipalista. SOMACYL actúa en cinco grandes ámbitos, agua, energía, vivienda, recursos forestales y suelo industrial, donde existen operadores privados capaces y con experiencia. La actividad de esta empresa pública se financia masivamente con aportaciones de la Junta, ejecuta encargos directos sin licitación y participa en proyectos donde la competencia privada queda excluida desde el principio. En mercados como las redes de calor o la vivienda en alquiler, esta ventaja selectiva ya ha provocado conflictos reales, como una denuncia en el Tribunal para la Defensa de la Competencia, alegaciones vecinales, críticas de sindicatos y acusaciones de opacidad.

Si Castilla y León quiere, atraer inversión privada, retener talento, generar ecosistemas industriales dinámicos y evitar una dependencia estructural de fondos públicos, unos objetivos que el PP defiende en sus programas electorales, no puede permitirse cerrar el mercado a quienes podrían aportar innovación, financiación y eficiencia. No se trata de desmantelar lo público, sino de permitir que coexista con lo privado en un equilibrio saludable. Un equilibrio en el que cada municipio pueda elegir su modelo sin que ninguna administración superior condicione esa decisión con la llave del dinero.

La gestión del agua, y la de cualquier servicio esencial, no debería reducirse a una única vía. La colaboración público-privada no es una herejía, sino una herramienta útil cuando se aplica con transparencia y criterios técnicos rigurosos. Ayuntamientos y mancomunidades deberían poder valorar alternativas: concesiones tradicionales, sociedades mixtas, operadores privados, empresas públicas estatales o autonómicas... Todas ellas sometidas al mismo principio de competir en igualdad de condiciones.

"Donde todos piensan igual, nadie piensa mucho", advertía Walter Lippmann. La concentración de capacidades en una sola empresa pública, sin mecanismos de concurrencia real, empobrece el ecosistema técnico y económico de Castilla y León. SOMACYL debe ser un instrumento al servicio del territorio, no su única herramienta posible. Y la Junta debería fomentar la pluralidad, no inhibirla. Las elecciones se acercan y el Partido Popular debería tener muy claro qué modelo quiere para nuestra región y para nuestro país. Y si su idea es eliminar la empresa privada y privilegiar la pública que lo diga alto y claro y que los ciudadanos sepan lo que votan.

En un momento en que Europa impulsa la colaboración público-privada para acelerar la transición energética, modernizar redes de agua y expandir la vivienda asequible, Castilla y León corre el riesgo de quedarse aislada en un modelo excesivamente introvertido, que confunde la centralización con la eficacia y la uniformidad con el buen gobierno.

La participación privada no es un problema, pero la exclusión sistemática, sí lo es. Permitir que las empresas compitan por gestionar servicios públicos, en condiciones equitativas, es garantizar que los ciudadanos reciban la mejor solución posible, no solo la única disponible. Castilla y León se merece un futuro diverso, eficiente y abierto. Y no uno en el que la dependencia de un único operador se convierta en la norma.