La Junta se compromete a colaborar para resolver la ocupación ilegal en Arroyovereda

Suárez-Quiñones traslada a los vecinos su apoyo y pide "restituir la normalidad y el respeto a la propiedad privada"

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La Junta se compromete a colaborar para resolver la ocupación ilegal en Arroyovereda
Arroyovereda. Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda.
El autor esEva Martínez Miguel
Eva Martínez Miguel
Lectura estimada: 2 min.

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha expresado el compromiso de la Junta de Castilla y León de colaborar activamente con el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda y con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para buscar soluciones efectivas a la ocupación ilegal de viviendas en la urbanización Arroyovereda, que afecta a esta zona desde 2022.

Durante una reunión con los representantes vecinales, Suárez-Quiñones afirmó que el Ejecutivo autonómico "está del lado de los vecinos y de la legalidad", y subrayó las "graves consecuencias" que esta problemática genera en la convivencia, la seguridad y la calidad de vida del vecindario.

Según ha recogido Ical, el consejero señaló que la Junta realiza un seguimiento permanente de estas situaciones, especialmente donde la ocupación irregular "provoca problemas de convivencia y seguridad". "Defendemos el derecho a una vivienda digna, pero siempre dentro de la legalidad y sin menoscabar los derechos de los propietarios", aseguró.

Los vecinos, por su parte, denunciaron la "falta de respuesta efectiva" por parte del Gobierno central y de la Sareb, propietaria de muchas de las viviendas afectadas, y exigieron medidas más ágiles para evitar nuevas ocupaciones. Lamentaron que la Sareb "no asuma los gastos de comunidad y mantenga una situación de degradación e inseguridad".

El consejero reiteró el apoyo de la Junta a reformas legislativas que permitan una actuación más rápida contra las ocupaciones ilegales, y criticó los cambios normativos del Gobierno central, como la Ley por el Derecho a la Vivienda, que "ampara a los ocupas ilegales y dificulta la recuperación de las viviendas por sus propietarios".

Además, recordó que la Junta mantiene un convenio con el Consejo General de Cámaras de la Propiedad Urbana para ofrecer en todas las provincias oficinas antiocupación, que han atendido hasta octubre de 2025 más de 12.000 consultas, tanto presenciales como telemáticas, evidenciando la creciente demanda de asesoramiento en esta materia.

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