La Fiscalía solicita penas de hasta veinte años de prisión para los 25 acusados del Grupo Funerario El Salvador por delitos de estafa, profanación y blanqueo
El juicio por la presunta reventa de ataúdes en Valladolid empezará en el mes de marzo de 2026
La Fiscalía solicita penas de hasta veinte años de prisión para los 25 acusados del Grupo Funerario El Salvador por delitos de estafa, profanación y blanqueo
El macrojuicio por el presunto fraude en la reventa de ataúdes por parte del Grupo Funerario El Salvador de Valladolid se celebrará en más de treinta sesiones, distribuidas entre el 9 de marzo y el 9 de junio de 2026, según ha informado este martes el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL).
La Audiencia Provincial de Valladolid acogerá la vista oral de una de las causas judiciales más voluminosas de los últimos años en la Comunidad, con 25 personas procesadas por un presunto delito continuado de estafa agravada y/o apropiación indebida, además de blanqueo de capitales, profanación de cadáveres y pertenencia a organización o grupo criminal.
Antes del inicio de las declaraciones de acusados, testigos y peritos, las partes han sido convocadas el 2 de marzo para el planteamiento de las cuestiones previas y para evaluar posibles acuerdos de conformidad.
Penas de hasta veinte años de prisión
La Fiscalía solicita penas que oscilan entre veinte años de cárcel, en los casos más graves, y dos años de prisión para las acusaciones menores, según han indicado fuentes del caso. El procedimiento tiene su origen en una investigación del Juzgado de Instrucción número 6 de Valladolid, que concluyó que la empresa funeraria podría haber llevado a cabo durante dos décadas un fraude masivo mediante la reutilización de ataúdes.
Según el auto de procesamiento, entre 1995 y 2015, la funeraria habría retirado y revendido casi 6.000 féretros, después de quedarse con los ataúdes previamente adquiridos por las familias antes de la incineración de los cuerpos. El tribunal de la Audiencia Provincial de Valladolid será el encargado de dirimir las responsabilidades penales de los procesados en un proceso que, según las previsiones del TSJCyL, se prolongará durante todo el primer semestre de 2026.
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