Curso tras curso y día tras día, miles de niños y adolescentes acuden a los centros educativos con su mochila cargada de libros. Y con ellos también van al aula sus enfermedades, algunas crónicas como diabetes, asma, epilepsia, alergias o incluso procesos oncológicos que requieren controles médicos, medicación y acompañamiento sanitario. De vez en cuando, pueden ir acompañados de problemas de salud agudos (como catarros, lesiones traumatológicas, postoperatorios...) A estas realidades se suman los imprevistos cotidianos: crisis, mareos, accidentes, caídas... Todas ellas, situaciones que, en ausencia de personal sanitario en los centros, recaen sobre los docentes, que ni están formados ni deberían asumir esa responsabilidad.

Desde CSIF consideramos que esta es una deuda pendiente con la infancia y con las familias. Por eso, hemos impulsado una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para que se apruebe una Ley de Enfermería Escolar que garantice la presencia de enfermeras y enfermeros en todos los colegios e institutos de la Comunidad. No hablamos de un lujo, sino de un derecho básico, unido estrechamente a la seguridad, la igualdad de oportunidades y la inclusión.

Las cifras son significativas. Nuestra Comunidad cuenta sólo con 24 enfermeras para atender a más de un millar de centros educativos. Esto supone una ratio de un profesional por cada 14.000 alumnos, frente a los 600 de Francia, los 700 de Madrid o la cobertura plena que ofrecen países como Reino Unido, Suecia o Francia. Castilla y León no puede seguir a la cola en un servicio tan esencial.

El argumento económico no puede servir de excusa: la implantación de la enfermería escolar supondría 66,6 millones de euros anuales, apenas un 0,48% del presupuesto autonómico. Además, se trata de una inversión que se multiplica, ya que cada euro invertido en enfermería escolar genera un ahorro de 2.20 euros en costes hospitalarios, visitas a urgencias o bajas laborales de los progenitores. Incorporar enfermeras en los colegios evitaría muchas urgencias innecesarias y aliviaría la presión del sistema sanitario. No hablamos de un gasto, sino de una inversión social, sanitaria y educativa.

Los beneficios sociales también son incuestionables: tranquilidad para las familias, conciliación laboral, reducción del absentismo y mejora de los resultados académicos. Además, la enfermería escolar es clave en la educación sanitaria, la prevención, la promoción de hábitos saludables y la atención a los procesos de reincorporación escolar tras una hospitalización.

Las voces de nuestros sectores lo confirman:

- Jesús Freire, responsable de Educación de CSIF Valladolid: "No podemos seguir delegando en el profesorado responsabilidades sanitarias que no le corresponden. La enfermería escolar es imprescindible para la seguridad de los alumnos y para la buena labor docente del profesorado".
- Javier Hernando, responsable de Sanidad de CSIF Valladolid: "Es hora de que nuestros políticos vean lo que ve el resto de la sociedad. El papel de la enfermera es indispensable en nuestros hospitales, centros de salud y centros escolares. Las ratios insuficientes".
- Noemí Fernández, responsable de Administración Autonómica de CSIF Valladolid: "El coste de esta medida es asumible y rentable. Apenas supone medio punto del presupuesto de la Junta y, sin embargo, el retorno económico y social es incuestionable. No hay excusas para seguir retrasando esta ley".

Por todo ello, desde CSIF reclamamos a los responsables políticos de Castilla y León que escuchen este clamor ciudadano, respaldado por docentes, familias, asociaciones de pacientes y profesionales de la enfermería. Es hora de que los responsables políticos estén a la altura. La enfermería escolar no es un capricho: es una necesidad urgente y un derecho. Nuestros niños y niñas merecen crecer en centros seguros, inclusivos y saludables.