El Partido Popular de Valladolid denunció este martes la "complicidad", "opacidad" y "connivencia" del Gobierno central con la ocupación ilegal de viviendas en Arroyo de la Encomienda, donde los vecinos aseguran que casi la mitad de las aproximadamente 200 viviendas propiedad de la Sareb -entidad bajo control estatal- están ocupadas sin título legal.

"Un Gobierno no puede convertir a la Sareb en una oficina de regularizar ocupaciones. Quien paga su casa y respeta la ley merece protección, no agravio. Sánchez debe explicar ya por qué se está premiando la ilegalidad en Arroyo de la Encomienda", afirmó la diputada nacional Mercedes Cantalapiedra a través de un comunicado difundido por Ical.

Los parlamentarios vallisoletanos del PP han registrado una batería de preguntas en el Congreso y el Senado para que el Gobierno aclare si ha permitido o promovido la cesión y regularización de viviendas previamente ocupadas. Además, exigen que la Sareb pague de forma inmediata la deuda de más de 50.000 euros que mantiene con la comunidad de propietarios afectada y que se hagan públicos los criterios utilizados en estos procesos.

"Basta ya de cuentos: el Gobierno de Sánchez protege al ocupa y castiga al que paga. En Arroyo de la Encomienda hay miedo e inseguridad por su inacción. Desde el Senado vamos a seguir presentando las iniciativas necesarias hasta que se frene este despropósito", denunció el senador José Ángel Alonso.

El PP de Valladolid ha mostrado también su apoyo a los vecinos de Arroyovereda, que han iniciado una recogida de firmas para exigir soluciones urgentes. Los residentes apuntan a la Sareb como responsable del problema, ya que, según explican, la entidad está regularizando la situación de los usurpadores mediante alquileres sociales.

La formación exige al Ejecutivo de Pedro Sánchez el cese inmediato de cualquier cesión de viviendas ocupadas, así como transparencia total, garantías de seguridad y convivencia para los vecinos, además de reformas legales ágiles que permitan desalojos en cuestión de horas y eviten el "efecto llamada".

En este sentido, el Partido Popular recuerda que ya presentó en el Senado la 'Ley Feijóo Antiokupación', una norma que permitiría desalojos en 24 horas, y que continúa paralizada en el Congreso por decisión de la presidenta socialista Francina Armengol, tras 54 prórrogas en el inicio del trámite de enmiendas desde febrero de 2024.

"Es una vergüenza que el PSOE bloquee el debate de una ley que permitiría atajar un problema real que afecta a miles de familias en España, también aquí, en nuestra provincia vallisoletana", criticó Alonso, quien además lamentó el "uso partidista" de Hacienda y del Congreso por parte del Ejecutivo.

"Mientras Sánchez blanquea a los ocupas, el PP de Valladolid está con los vecinos que pagan, respetan y trabajan", concluyó el presidente provincial del partido, Conrado Íscar.