La Comisión provincial de Seguimiento del Programa de Fomento del Empleo Agrario, que gestiona el SEPE -Ministerio de Trabajo y Economía Social- resolvió definitivamente la distribución de 1.081.760 euros para este año 2025 entre los 27 municipios de Valladolid que participan en el programa. 

Así, 164 temporeros podrán tener un empleo en el medio rural donde residen durante los meses en los que no hay trabajo, para completar sus ingresos, sin necesidad de buscar empleo en otros lugares, mientras ejecutan obras de interés general, mejoras urbanísticas o dotacionales en sus municipios.

El subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, presidió la reunión y destacó "la contribución de este programa para fijar población en el medio rural y en zonas que se enfrentan al reto demográfico, en nuestra provincia".

La Comisión provincial de Seguimiento del Programa de Fomento del Empleo Agrario está integrada por el subdelegado del Gobierno en Valladolid, que la preside; el director provincial del Servicio Público de Empleo Estatal -SEPE-, en calidad de secretario; la directora del Área de Trabajo e Inmigración de la Delegación del Gobierno en Castilla y León; la gerente provincial del Servicio Público de Empleo de Castilla y León -ECYL-; la Diputación de Valladolid; la Federación de Industria de CC OO, FICA-UGT y la CEOE.

El Programa de Fomento de Empleo Agrario está encuadrado dentro de las Políticas Activas de Empleo que gestiona de forma directa el SEPE. Su ámbito de actuación son los consejos comarcales y busca crear y mejorar infraestructuras que posibiliten el asentamiento de actividades productivas generadoras de empleo, a la vez que facilita el acceso al empleo y rentas a personas trabajadoras en épocas fuera de campañas agrícolas, lo que mejora las condiciones para los municipios y sus habitantes.

El programa subvenciona los costes salariales y de cotización empresarial de trabajadores desempleados, preferentemente eventuales agrarios, contratados por las corporaciones locales.

Estas contrataciones deben destinarse a proyectos de interés general y social, competencia de las corporaciones locales y ejecutados en régimen de administración directa o en régimen de adjudicación, tales como limpieza de calles, poda de árboles, reposición de bordillos y aceras en mal estado, bacheo general de pavimentaciones, limpieza y acondicionamiento de edificios municipales o adecuación de instalaciones de riego.