La Junta de Gobierno Local ha acordado la desestimación del recurso de reposición presentado por la asociación Ecologistas en Acción de Valladolid contra el acuerdo del 1 de abril de 2025, mediante el cual se aprobaron las Directrices de Funcionamiento de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE).

Según el Ayuntamiento, tras un análisis jurídico y técnico detallado, se ha concluido que las Directrices no modifican ni contradicen el contenido de la Ordenanza reguladora de la ZBE, sino que establecen criterios de interpretación, aplicación práctica y tramitación de exenciones ya previstas reglamentariamente.

Claves del acuerdo municipal

1. Residentes con tarjeta ORA:
   Se ratifica la exención de acceso a la ZBE para residentes con autorización de estacionamiento en las zonas ORA 1, 2, 7 y 8, aunque no estén empadronados dentro de la ZBE. Esta medida busca evitar desigualdades y reducir el tráfico de agitación y el efecto frontera.
2. Empresas con actividad en la ZBE:
   Se admite como válida la acreditación de actividad mediante el alta en el IAE, junto con declaración responsable, con el objetivo de simplificar los trámites sin perder control administrativo.
3. Propietarios e inquilinos de plazas de garaje:
   Se permite registrar hasta dos vehículos por plaza, una práctica que se ajusta a la realidad familiar y a lo recogido en la Ordenanza ORA.
4. Accesos temporales gestionados colectivamente:
   Se mantiene la gestión colectiva de permisos por parte de establecimientos hoteleros y centros escolares, para evitar sobrecargas administrativas a usuarios individuales y garantizar un control eficaz.
5. Coincidencia con el criterio del concesionario ORA (Dornier, S.A.):
   Dornier alertó sobre los efectos negativos de restringir el acceso de residentes a zonas parcialmente incluidas en la ZBE. El Ayuntamiento comparte esta preocupación y subraya la necesidad de mantener el equilibrio entre sostenibilidad ambiental y movilidad urbana.

Proporcionalidad y coherencia normativa

El Consistorio defiende que las Directrices persiguen una aplicación proporcionada y no discriminatoria de la Ordenanza, alineada con las condiciones reales de movilidad. El artículo 9.3 de la propia normativa permite flexibilizar las restricciones en casos justificados, como sucede en esta resolución.

Posible vía judicial

Con la desestimación del recurso, se agota la vía administrativa. Ecologistas en Acción dispone ahora de un plazo de dos meses para interponer recurso contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional correspondiente.