La Audiencia de Valladolid ha ordenado investigar como un posible delito grave la actuación de una empresa de desocupación en una vivienda y ha establecido la prohibición de comunicación por cualquier medio con la denunciante y de aproximación a ella a menos de 500 metros.

La Audiencia ha revocado así el archivo de la denuncia en primera instancia y ha argumentado que se podría estar ante un delito de amenazas o coacciones, que en principio no se considera que sean de carácter leve, "debiendo procederse a la debida investigación de los hechos denunciados".

El letrado Santiago Fernández Gómez, del despacho Molpeceres Abogados, ha explicado a EFE que los dos autos de la Audiencia, el que acuerda las medidas de alejamiento y el que revoca el archivo de la denuncia, "marcan un precedente importante en la forma en que la Justicia comienza a valorar algunas de las actuaciones de las denominadas empresas de desocupación".

Se abre así la puerta a un mayor control judicial sobre prácticas que podrían vulnerar derechos fundamentales, ha detallado.

Según el abogado, la decisión de la Audiencia es de "especial relevancia", al considerar que los métodos empleados por una empresa de desocupación podrían constituir un delito grave, y no un delito leve como en múltiples ocasiones han venido entendiendo diversos juzgados en España.

La resolución revoca el archivo establecido por el Juzgado de Instrucción y ordena que se continúe la investigación bajo la calificación de delito grave conforme al Código Penal, lo que podría acarrear incluso penas de prisión, ha especificado.

El tribunal ha tenido especialmente en cuenta los daños psicológicos y las secuelas sufridas por la víctima, al entender que la actuación de la empresa se realizó en un contexto de desigualdad.

También la Audiencia ha decidido ampliar la investigación a la propietaria de la vivienda que contrató los servicios de esta empresa, al apreciar indicios de un posible delito de realización arbitraria del propio derecho.

El auto señala que deberá determinarse si, al contratar estos servicios para desalojar a los ocupantes, la propietaria pudo incurrir en una actuación penalmente reprochable, ha agregado el letrado.