Comisiones Obreras (CCOO) ha denunciado públicamente su "absoluta indignación y rechazo" ante la nueva agresión sufrida por un educador del centro de menores Zambrana,  y ha cargado contra la empresa adjudicataria del servicio, Meridianos, así como contra la Consejería de Familia de la Junta de Castilla y León por su "inacción" y la falta de recursos para proteger a los profesionales.

Según explicó el sindicato en un comunicado recogido por la agencia Ical, los hechos ocurrieron el pasado 4 de julio, cuando un interno agredió físicamente a un educador en un "contexto de mínimos" por el incumplimiento de ratios, lo que ha llevado a que la plantilla esté "sobrepasada". Esta es ya la octava agresión física registrada en el centro en lo que va de año, sin contar las "multitud" de amenazas e insultos que sufren a diario los trabajadores.

Desde la Federación de Enseñanza de CCOO Castilla y León y la sección sindical de CCOO en Zambrana, se insistió en que las medidas adoptadas hasta ahora por la Junta son "insuficientes" y no responden a las demandas del personal. En este sentido, recordaron que ya en abril se advirtió de que las actuaciones propuestas no garantizaban la seguridad de los trabajadores.

Asimismo, CCOO reprochó que Meridianos, empresa responsable del centro, no ha implementado medidas óptimas para la protección del personal, lo que obliga a los educadores a "interponer denuncias en comisarías para sentirse protegidos y amparados".

Ante esta situación, el sindicato exige auditorías inmediatas en todos los centros de menores bajo competencia de la Junta, para verificar el cumplimiento de ratios y de la normativa vigente. También reclama la reversión de las externalizaciones de servicios sociales, la suspensión de licitaciones a la baja y una revisión de los pliegos de condiciones que garantice condiciones laborales dignas.

Entre las demandas figuran también la elaboración de protocolos específicos ante denuncias previas, el análisis exhaustivo de cada centro para identificar y cubrir sus necesidades, y la creación de recursos adecuados para menores con problemas de conducta o salud mental, con una ratio apropiada.

Por último, CCOO insiste en que la atención directa debe prestarse por educadores sociales y denuncia el "intrusismo profesional" en el sector, al tiempo que exige unas condiciones salariales justas para el personal que atiende a menores en situaciones de alta vulnerabilidad.