La puesta en marcha de 114 viviendas para jóvenes en la calle Julio Senador Gómez del barrio de Parquesol ha acarreado, según los vecinos de la zona, varios contratiempos para parte del vecindario que, en estos momentos, convive con las obras a unos metros de la ladera. Los afectados han contactado con TRIBUNA para denunciar que tanto la Junta de Castilla y León como el Ayuntamiento de Valladolid "se han pasado el procedimiento a la torera" porque, entre otras razones, no han escuchado a los vecinos.

No obstante, aclaran que "no están en contra de la filosofía del proyecto, que parece bueno y razonable porque la gente tiene que vivir en viviendas dignas", sino en cómo se ha hecho dicha iniciativa "desde que se iniciaron las conversiones hasta que dieron la licencia". Es más, reiteran que llevan dos años sin poder convencer a las instituciones competentes de las consecuencias que les generan construir 114 viviendas a escasos metros de ellos.

"Nos enteramos que esto iba a salir hacia adelante en el mes de octubre de 2023. La parcela ya venía cedida verbalmente del Ayuntamiento a Somacyl cuando era Óscar Puente el alcalde de la ciudad. Hablamos con la Junta de Castilla y León y les hicimos una propuesta para que el proyecto pudiera mejorar y no fuera en contra de los actuales vecinos. Desde el punto de vista económico, este proyecto se financia con los fondos europeos Next Generation y entendemos que han corrido para no perderlos", explica.

Entre las consecuencias, los vecinos reconocen que van a perder luz solar y la producción de energía eléctrica en sus casas donde, de hecho, "están instaladas placas fotovoltaicas". Por este motivo, los vecinos comentan que tanto la Junta como el Ayuntamiento tenían que haber informado "con más eficiencia" del proyecto para intentar hacer uno "más acorde con las circunstancias de la parcela y con las circunstancias del entorno del barrio". "Nos dijeron que lo iban a tener en cuenta y dos años después ni nos han llamado", apuntan.

Este malestar ha generado que se planteen abrir una vía judicial para demandar a Somacyl, el dueño de la parcela, a través de un bufete de abogados. Eso sí, son conscientes de la dificultad que supone este proceso por los gastos que incluye. De ahí la razón por la cual han presentado un recurso de reposición para que el Ayuntamiento valore las problemáticas del procedimiento utilizado. En el caso de que se produzca "un silencio administrativo negativo", el Ayuntamiento estará obligado a responder a unos vecinos que no tirararán la toalla hasta que tengan una versión de lo sucedido. Eso sí, "cuanto más se demore la respuesta, mejor será para ellos", aseguran.

En definitiva, su objetivo es frenar las obras por los "ruidos, molestias y posiblemente accidentes" que pueda provocar la llegada de los nuevos vecinos en una zona que está limitada a 20 kilómetros/hora.

VERSIÓN DEL AYUNTAMIENTO

El concejal de Urbanismo, Nacho Zarandona, ha explicado a este medio que la distancia entre las viviendas adosadas de los vecinos afectados y las nuevas viviendas "es suficiente" para que "no haya ninguna interferencia con sus placas solares". De hecho, deja claro que era una ladera donde se podría haber construido un polideportivo con muros "más grandes" que las propias casas.

"Atendimos en su momento a estos vecinos y nos dijeron que era ilegal lo que estábamos haciendo. Pensamos que las quejas no tienen sentido", asegura un edil que desvela que la Junta "redujo" el número de viviendas construidas porque tenía pensado hacer más de 114: "Hemos tratado este tema con mucha sensibilidad. La gente quiere iniciativas, pero lejos de sus casas... Nosotros ayudamos a los jóvenes que quieran emanciparse y el proyecto, por esta razón, debería ser respetable".

Por último, Zarandona niega que vayan a aumentar la velocidad permitida porque no habrá tanto tráfico como piensan los vecinos.