La Guardia Civil de Valladolid investiga a dos hombres, vecinos de Matapozuelos, por un presunto delito contra la protección de la fauna tras la muerte de un milano real, una especie catalogada como en peligro de extinción según el Real Decreto 139/2011. Los hechos ocurrieron en un cercado destinado a la gestión cinegética en el término municipal de Hornillos de Eresma.

La investigación se inició el 5 de diciembre de 2024, cuando agentes medioambientales de la Junta de Castilla y León recibieron una alerta de la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) por la desaparición de la señal de un milano real radiomarcado. El ave, cuya última ubicación conocida no coincidía con su paradero, estaba siendo monitorizada como parte del proyecto Life Eurokite (2022–2027), y portaba un transmisor valorado en unos 750 euros. El coste total de su seguimiento se estima entre 10.000 y 15.000 euros.

Durante la inspección conjunta entre los agentes medioambientales y el SEPRONA de la Guardia Civil, se hallaron cebos envenenados, trampas ilegales y restos de animales intoxicados. En concreto, uno de los cebos estaba impregnado con Aldicarb, un pesticida prohibido desde 2003 por su alta toxicidad. El milano real afectado había sido marcado en Alemania como pollo en nido y fue localizado por última vez el 30 de noviembre. Desde ese día, la señal permaneció estática hasta desaparecer por completo.

El uso de Aldicarb, también conocido por su nombre comercial Temik, es uno de los métodos más utilizados en España para el envenenamiento ilegal de fauna silvestre. Este compuesto está clasificado como 'muy tóxico' por la Unión Europea y la OMS. Con apenas 18 mg puede provocar una intoxicación aguda o incluso la muerte por asfixia en un ser humano de 70 kg.

Las pruebas recogidas apuntan a que los investigados habrían utilizado cebos tóxicos y artes de caza prohibidas (como cepos y jaulas con cebo vivo) para eliminar a los depredadores naturales y proteger así las especies cinegéticas, como las liebres, dentro de este cercado vallado.

Según el Código Penal, este tipo de delitos contra la fauna pueden conllevar penas de prisión de seis meses a dos años, multas de ocho a veinticuatro meses y la inhabilitación para cazar o ejercer profesiones relacionadas con el medio ambiente durante hasta cuatro años. Si, como en este caso, se trata de una especie en peligro de extinción, las penas se aplican en su grado más alto.

Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Guardia de Medina del Campo, así como a la Fiscalía de Medio Ambiente de la Audiencia Provincial de Valladolid.