La entidad advierte de que estos contratos no pueden utilizarse para eludir la normativa de la vivienda habitual y reclama que la causa de la temporalidad quede "concreta y justificada"
Las Bodegas de la Ribera del Duero exigen medidas urgentes contra la "asfixiante" carga burocrática
Asebor explica que tras varias reuniones con la Consejería de Agricultura solo han conseguido dos borradores de convenio
La Asociación de Bodegas de la Ribera del Duero (Asebor) tratará de reunir apoyos para exigir medidas contra la carga burocrática que "asfixia" a los viticultores, en concreto, y al campo, en general.
Esta campaña se inicia después de que, tras varias reuniones con la Consejería de Agricultura y tras la creación de una comisión de trabajo para resolver cuestiones tan importantes como tener una única base de datos del registro vitícola, solo se hayan conseguido extraer solo dos borradores de convenio sobre la mesa y la Consejería hace "caso omiso" y no cumple con sus promesas.
Asebor ya cuenta con el respaldo de las asociaciones agrarias para unir esfuerzos en una causa común que afecta a las bodegas, viticultores y agricultores. "No podemos esperar más", sentenció el organismo en un comunicado, recogido por Ical.
Asebor subrayó que esta reivindicación no es una "causa menor", ya que de la simplificación depende la competitividad de la
Denominación de Origen, que es referente de calidad y marca España, así como del resto de agricultores y ganaderos, un sector de "mucho peso" en Castilla y León.
"En lugar de avanzar, nos obligan a retroceder dejando atrás logros importantes como la aplicación Bacchus con la que en 2022 podíamos generar el informe de la declaración de la cosecha con solo dar a un botón", apuntó. Asebor reclamó digitalizar el proceso, evitar duplicidades y errores de transcripción. De ahí que rechace "con rotundidad" el anuncio de la directora de Producción Agrícola y Ganadera de la Consejería, Teresa Rodríguez, que obliga a hacer la declaración de la cosecha tanto a viticultores como a las bodegas que compran uva.
La nota de Asebor concluyó que, según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, las administraciones públicas están obligadas a colaborar entre ellas. "Si no recibimos respuesta, pondremos sobre la mesa medidas drásticas y no descartamos acudir a la vía judicial para defender al sector primario de una desidia que está lastrando el crecimiento", apuntó.
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