Cinco organizaciones del Tercer Sector han impulsado el proyecto Rumbo, destinado a fomentar modelo de autonomía personal conectada e inclusiva para personas con discapacidad. Los promotores de esta iniciativa prevén que más de 3,5 millones de personas con discapacidad en España podrán beneficiarse de esta iniciativa colaborativa.

El proyecto está financiado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, ligado a su vez a los fondos NextGenerationEU de la Unión Europea, y ha sido impulsado por la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), la Federación Española de Daño Cerebral (FEDACE), la Confederación ASPACE, la Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física (PREDIF) y la Confederación Autismo.

El objetivo es impulsar el diseño de modelos innovadores de apoyo a la autonomía personal, la vida independiente y la participación social de personas con discapacidad. De esta forma, Rumbo pretende dar respuesta a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que, en su artículo 19 reconoce el derecho a vivir de forma independiente.

Y es que, la falta de servicios adecuados en la comunidad, la dificultad de acceso a la vivienda o la falta de apoyo técnico y asistencia personal, junto a la escasez de medios económicos y materiales, son los principales retos a los que se enfrentan las entidades del Proyecto Rumbo.

Para dar respuesta a todos ellos, se trabaja en soluciones innovadoras para adecuar las condiciones de vida y el entorno a las necesidades de las personas con discapacidad.

Así, durante tres años el Proyecto Rumbo coordinará el trabajo de 22 entidades en Andalucía, Aragón, Cataluña, Castilla y León y Galicia en las que se está analizando la situación actual de necesidades y apoyos con los que cuentan a día de hoy las personas con discapacidad. De este análisis surgirán diferentes propuestas, acciones e iniciativas que se ajustarán a las demandas que requieren las personas de cada colectivo de la discapacidad.

Aunque el plazo para llevar a cabo estas actuaciones finaliza en diciembre de 2024, el Proyecto Rumbo se aborda con una visión integradora, global y sostenible en el tiempo.