La Guardia Civil de Alicante ha detenido en Lleida a 33 personas que presuntamente formaban parte de una red de mulas que ha estafado a 1.159.558 euros a 357 personas haciéndose pasar por una conocida entidad bancaria con técnicas de 'phishing' y 'smishing'.

Según ha informado la benemérita en un comunicado de este viernes, el capital sustraído con este sistema era transferido al extranjero o invertido en criptomonedas.

Se les atribuyen los presuntos delitos de estafa, usurpación de identidad, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal y las diligencias se encuentran a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de Elche (Alicante).

Entre las 33 personas detenidas --de entre 19 y 46 años-- hay 28 hombres y cinco mujeres de diferentes nacionalidades, y también figura el presunto captador del grupo, y no se descartan nuevas detenciones.

De los 357 perjudicados por todo el territorio nacional, 30 pertenecen a la provincia de Alicante y 64 a Asturias y el resto son de Albacete, Almería Badajoz Barcelona, Burgos, Cáceres, Castellón, Ciudad Real, Cuenca, Huesca, Gijón, Guadalajara, Granada, Jaén, Madrid, Málaga, Murcia, Navarra, Santander, Segovia, Soria, Tarragona, Tenerife, Teruel, Valencia, Valladolid, Vigo y Zaragoza.

OPERACIÓN 'NIVLALUTE'

La operación, bautizada como 'Nivlalute' comenzó a mediados de octubre del año pasado, cuando un vecino de Santa Pola puso una denuncia por una estafa de 11.648,79 euros de su cuenta bancaria.

Los agentes averiguaron que no se trataba de un caso aislado al comprobar que "un importante entramado criminal enviaba de forma masiva correos electrónicos y mensajes a las cuentas de correo o números de teléfono de sus objetivos, haciéndose pasar por su entidad bancaria", en los que supuestamente les advertía que su cuenta había sido bloqueada.

En la elaboración de los mensajes fraudulentos, los presuntos autores empleaban la identidad corporativa de la entidad bancaria por la que se hacían pasar, utilizando el logotipo de la marca, y cuidando el texto.

La Guardia Civil sostiene que una vez que las víctimas "picaban el anzuelo, los cabecillas se hacían con la información necesaria para acceder a sus cuentas, desde las que transferían grandes cantidades a una significativa red de mulas, asentada en Lleida", que recibían comisiones económicas a cambio de poner sus cuentas a disposición de la actividad criminal.