El juicio contra cuatro miembros de un clan familiar acusado de explotar laboralmente a trabajadores en Medina del Campo continúa en la Audiencia Provincial de Valladolid. Durante la sesión de este miércoles, un perito ha señalado que los procesados habrían utilizado una cuenta pantalla para ocultar el destino del dinero y evitar que se identificara al principal acusado como último beneficiario.

El especialista ha explicado el contenido de un informe elaborado en noviembre de 2021 sobre un posible delito de blanqueo de capitales, por el que también están acusados dos de los cuatro procesados. Según su declaración, los investigados habrían recurrido a distintas operaciones para dar apariencia legal a dinero procedente de actividades ilícitas.

Entre los mecanismos descritos figuran la solicitud de créditos rápidos con intereses muy elevados, pese a disponer de dinero en efectivo, y la compra de productos a plazos cuyos recibos posteriormente devolvían para acabar pagando las cantidades en metálico.

La investigación se centra en una presunta trama que, según la Fiscalía, operaba principalmente en Medina del Campo y localidades próximas entre finales de 2017 y los primeros meses de 2020. Los cuatro acusados formarían parte de un clan familiar que supuestamente captaba a personas procedentes de zonas empobrecidas de Rumanía, con graves dificultades económicas y escasa formación, para trasladarlas a España y emplearlas en trabajos agrícolas.

Los trabajadores habrían realizado labores en el campo sin contrato, sin estar dados de alta en la Seguridad Social y sin un horario fijo, según sostiene el Ministerio Público.

Declaracones sobre las condiciones de trabajo

Durante la jornada de este miércoles también han declarado varios testigos de las defensas, que han coincidido en afirmar que el principal acusado les contrataba y les pagaba por sus servicios. Asimismo, han señalado que les facilitaba material de protección para realizar los trabajos agrícolas, como gafas y botas de agua.

La Fiscalía solicita para el principal acusado ocho años de prisión por cada uno de los cuatro delitos de trata de seres humanos en concurso con delitos de imposición de condiciones ilegales de trabajo. A esta petición añade tres años de cárcel y una multa de 300.000 euros por blanqueo de capitales, además de otro año de prisión por pertenencia a grupo criminal.

El juicio continuará este jueves con la declaración de los cuatro acusados, una vez finalicen las pruebas testificales y periciales.