Dormían hacinados en el suelo, en espacios sin agua ni electricidad, y además tenían que pagar por alojarse allí. Son algunas de las condiciones que ha descrito este lunes un agente de la Policía Nacional durante el juicio contra cuatro personas acusadas de integrar una organización familiar dedicada presuntamente a captar ciudadanos de Rumanía para explotarlos como jornaleros agrícolas en Medina del Campo y otras localidades de la provincia de Valladolid.

La vista oral ha comenzado este lunes, 9 de noviembre, en la Audiencia Provincial de Valladolid, donde los cuatro procesados se enfrentan a distintas acusaciones relacionadas con la trata de seres humanos, la imposición de condiciones laborales ilegales, el blanqueo de capitales y la pertenencia a grupo criminal.

El principal acusado, identificado como Vasile CH.U., se enfrenta a una petición de 36 años de prisión, mientras que los otros tres procesados afrontan diferentes solicitudes de condena en función de su presunta participación en los hechos.

Jornaleros sin contrato, con salarios escasos y deudas por su traslado

Uno de los testimonios de la primera jornada ha sido el de un agente de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, que ha declarado por videoconferencia y ha explicado cómo se desarrolló la investigación. Según ha relatado, las pesquisas comenzaron a raíz de dos denuncias por una posible situación de explotación laboral en Medina del Campo y su entorno.

Las averiguaciones policiales apuntaron a la existencia de una organización que captaba a personas en Rumanía, les facilitaba su traslado a España y posteriormente las empleaba en trabajos agrícolas en condiciones presuntamente abusivas. El agente ha señalado que los trabajadores contraían una deuda por el viaje y que, una vez en territorio español, eran alojados en condiciones de especial vulnerabilidad e insalubridad.

A esta situación se sumaban salarios reducidos, ausencia de contratos laborales, falta de alta en la Seguridad Social y jornadas sin un horario fijo, según la investigación expuesta durante el juicio. El testigo también ha explicado que los afectados se encontraban en situación irregular en España, una circunstancia que incrementaba su vulnerabilidad.

Pagaban por dormir en el suelo

Uno de los aspectos más llamativos de la declaración policial ha sido la descripción de los alojamientos utilizados por los trabajadores. Según ha sostenido el agente, las presuntas víctimas tenían que pagar por dormir hacinadas en el suelo de inmuebles que carecían de servicios básicos como agua y electricidad.

Los alojamientos pertenecían, de acuerdo con su testimonio, al supuesto cabecilla del entramado. La investigación también permitió identificar diferentes funciones dentro del grupo. Mientras unos integrantes se encargaban de trasladar a los jornaleros hasta los lugares de trabajo, otros ejercían labores de vigilancia y control.

El policía ha explicado, además, que los investigadores detectaron situaciones en las que una persona figuraba dada de alta como autónoma, pero el dinero acababa siendo gestionado por quien consideran el líder de la organización. Durante las pesquisas, los agentes solicitaron autorización judicial para realizar escuchas telefónicas.

Asimismo, practicaron registros en los domicilios de dos de los acusados, el presunto responsable de la trama y su pareja, donde localizaron documentación relacionada con empresas dedicadas a trabajos agrícolas y 21.000 euros en efectivo, según ha declarado el testigo.

Una organización que habría actuado durante más de dos años

De acuerdo con el escrito de acusación de la Fiscalía, el grupo desarrolló su presunta actividad principalmente entre finales de 2017 y el primer trimestre de 2020, con Medina del Campo como principal lugar de asentamiento. El Ministerio Público sostiene que los acusados seleccionaban a personas con graves dificultades económicas y sociales, procedentes de zonas especialmente desfavorecidas de Rumanía.

En muchos casos, según la acusación, existía un conocimiento personal previo entre los captadores y las personas reclutadas. La Fiscalía atribuye al principal procesado, Vasile CH.U., residente en España desde 2003, la dirección de todo el entramado, desde la captación de trabajadores en su país de origen hasta su traslado, alojamiento y posterior incorporación a las labores agrícolas.

El objetivo, según sostiene el Ministerio Público, era aprovechar su situación de vulnerabilidad para imponerles condiciones laborales abusivas.

Las penas que solicita la Fiscalía

La acusación pública reclama para Vasile CH.U. un total de 36 años de prisión: ocho años por cada uno de los cuatro delitos de trata de seres humanos en concurso con imposición de condiciones ilegales de trabajo, tres años por blanqueo de capitales y uno por pertenencia a grupo criminal. Además, solicita una multa de 300.000 euros por el presunto delito de blanqueo.

Para Liliana U., también procesada, la Fiscalía pide siete años de cárcel: tres por imposición de condiciones ilegales a los trabajadores, otros tres por blanqueo de capitales y uno por pertenencia a grupo criminal. En su caso, también reclama una multa de 300.000 euros.

Por último, para Constantin U. y Gheorge U., los otros dos acusados, solicita un año de prisión para cada uno por su presunta pertenencia a un grupo criminal. El procedimiento judicial continúa después de esta primera sesión, en la que la declaración policial ha permitido conocer las condiciones en las que, según la investigación, vivían y trabajaban las personas presuntamente explotadas.

Los hechos y las responsabilidades penales atribuidas a los acusados deberán determinarse durante el juicio.