La Fiscalía solicita penas de entre uno y 36 años de prisión para cuatro integrantes de un clan familiar acusado de captar a personas en situación de vulnerabilidad en Rumanía para explotarlas laboralmente como jornaleros en Medina del Campo y otras localidades próximas de la provincia de Valladolid. Los trabajadores, según sostiene el Ministerio Público, desempeñaban jornadas de hasta 12 horas diarias, sin contrato ni alta en la Seguridad Social y sin descansos ni vacaciones.

Los hechos se remontan al periodo comprendido entre finales de 2017 y el primer trimestre de 2020, cuando el entramado operaba desde Medina del Campo. Según el escrito de la Fiscalía, los procesados se aprovechaban de las dificultades económicas y sociales de personas procedentes de Rumanía, a las que ofrecían la posibilidad de trabajar en el campo español para mejorar sus condiciones de vida.

Al frente de la organización se encontraba V.CH.U., un ciudadano rumano residente en España desde 2003, que, presuntamente, controlaba todo el proceso, desde la captación de los trabajadores hasta su traslado, alojamiento y posterior explotación laboral. El principal acusado, que disponía de una empresa de servicios agrícolas, captaba a sus compatriotas en localidades próximas a su lugar de origen, en muchos casos aprovechando que los conocía personalmente. También eran los propios afectados quienes acudían a él con la esperanza de encontrar un empleo que les permitiera avanzar.

El procesado asumía los gastos del viaje hasta Medina del Campo, donde alojaba a los trabajadores en su propia vivienda o en alguna de las tres casas que tenía alquiladas. Sin embargo, una vez en España, les comunicaba que habían contraído una deuda por el desplazamiento que debían devolver.

Jornadas de hasta 12 horas y salarios de 5,50 euros

La Fiscalía describe un sistema de explotación en el que los jornaleros trabajaban entre nueve y doce horas diarias, desde primera hora de la mañana hasta la puesta de sol, sin descansos ni vacaciones. Para organizar las cuadrillas, el principal acusado contaba con la colaboración de varios familiares, entre ellos los otros tres procesados, que se encargaban de controlar a los trabajadores y trasladarlos hasta las explotaciones agrícolas.

Los afectados percibían 5,50 por hora trabajada, aunque debían abonar otros tres euros diarios por el transporte hasta el campo. A estos gastos se sumaban las deudas del viaje, el alojamiento y los pequeños anticipos que recibían para comprar alimentos.

De esta manera, el principal procesado generaba un círculo de dependencia económica por el que terminaba apropiándose de prácticamente todos los ingresos de los jornaleros, que se quedaban sin recursos.

Hasta 36 años de cárcel para el cabecilla

Por estos hechos, la Fiscalía solicita para V.CH.U. un total de 36 años de prisión: ocho años por cada uno de los cuatro delitos de trata de seres humanos, con delitos incluidos de imposición de condiciones ilegales de trabajo, otros tres por blanqueo de capitales, con una multa de 300.000 euros, y uno más por pertenencia a grupo criminal.

Para la segunda acusada, L.U., reclama siete años de cárcel: tres por imposición de condiciones ilegales a los trabajadores, otros tres por blanqueo de capitales, también con una multa de 300.000 euros, y uno por pertenencia a grupo criminal. En cuanto a los otros dos procesados, C.U. y G.U., se solicita un año de prisión para cada uno por pertenencia a grupo criminal.