La Cámara de la Propiedad Urbana de Valladolid (Campruva) ha mostrado su rechazo al Real Decreto sobre vivienda aprobado por el Consejo de Ministros al considerar que las nuevas medidas protegen a los actuales inquilinos, pero pueden "desincentivar a los propietarios" a poner nuevas viviendas en alquiler.

La entidad ha expresado su "profunda preocupación" ante una normativa que, a su juicio, vuelve a centrarse exclusivamente en la protección del arrendatario que ya dispone de un contrato sin abordar el que considera el principal problema del mercado: la falta de oferta de vivienda.

Campruva advierte así de un posible "enorme perjuicio" para las personas que quieran acceder a un alquiler a partir de ahora, especialmente para los colectivos más vulnerables.

"Se protege al inquilino que ya tiene vivienda y se olvida al que la necesita", sostiene la entidad, que considera que las medidas parten de un "planteamiento desequilibrado".

El Real Decreto, que deberá ser convalidado por la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, afecta únicamente a viviendas y contratos de arrendamiento, por lo que, según precisa Campruva, no se aplica a locales comerciales ni a otros tipos de inmuebles.

Contratos que podrían prolongarse durante más tiempo

Entre las cuestiones cuestionadas por la Cámara se encuentra la ampliación de las posibilidades para prolongar determinados contratos de alquiler.

Según señala la entidad sobre el contenido de la norma, se blindan determinadas condiciones contractuales y se amplía la posibilidad de prolongar su duración inicialmente durante dos años, con una extensión que, en determinadas circunstancias, podría llegar a ser "prácticamente indefinida".

Campruva considera que aumentar la incertidumbre de los propietarios sobre el momento en el que podrán volver a disponer de sus viviendas puede provocar que algunos opten directamente por no incorporarlas al mercado del alquiler.

"¿De qué sirve proteger al inquilino de hoy si las medidas hacen que mañana haya menos viviendas disponibles para alquilar?", cuestiona la organización.

Para la Cámara, las consecuencias podrían traducirse en una reducción de la oferta, un incremento de los precios y un endurecimiento de los requisitos exigidos por los propietarios a los futuros arrendatarios.

"Estamos protegiendo a una parte del mercado mientras hacemos más difícil entrar en él a quienes todavía necesitan una vivienda", concluye Campruva.