España acaba de firmar sus peores notas históricas en el informe PISA: 451 puntos en lectura, 457 en matemáticas y 477 en ciencias, todos por debajo de la media de la OCDE y de la Unión Europea. PISA mide si un adolescente de quince años sabe leer un texto con rigor, distinguir una causa de una coincidencia y razonar con cifras. Ningún titular lo ha señalado, pero esas mismas tres competencias sirven para juzgar la respuesta pública que ha seguido al informe, y el resultado de aplicárselas es inquietante.

Empecemos por la lectura. Leer bien un informe significa extraer lo que dice, no lo que a uno le conviene que diga. El Gobierno ha leído en PISA un fenómeno internacional que no compromete la ley educativa vigente; la oposición ha leído en el mismo informe la prueba definitiva de que la ley educativa actual lo explica todo. Ninguna de las dos lecturas resiste el propio texto: la diferencia entre comunidades autónomas ronda casi cien puntos, varios cursos escolares según la OCDE, y la determina sobre todo el nivel socioeconómico de cada territorio, no el color de quien gobierna. Los que ya rendían peor se mantienen estables, y los que mejor iban también retroceden. Hay algo más grave que un error de lectura: varias comunidades autónomas han alterado la composición de su muestra. En un caso, hasta un 23% del alumnado quedó excluido, casi cinco veces el límite tolerado, y sus resultados han quedado invalidados. Manipular el propio instrumento de medida ya no es un problema de comprensión lectora: es una falsificación.

Sigamos por la ciencia. Razonar científicamente significa formular una hipótesis y someterla a la evidencia, no adoptar la explicación más vistosa. El 54% del alumnado usa chatbots semanalmente para estudiar, y quienes los emplean para resumir textos obtienen de media peores notas en ciencias. El director de Educación de la OCDE ha llegado a decir que el efecto de la IA es el inverso al buscado. El dato es real, pero la conclusión se adelanta a lo que permite comprobar: prueba correlación, no causa, y es igual de plausible que sea el alumno con dificultades quien recurre al atajo, y no el atajo el que las fabrica. Con las pantallas ocurre lo mismo, a mayor escala. El pedagogo Gregorio Luri ha calificado esa explicación, con acierto, de "una hipocresía": Singapur, Corea, Macao o Estonia tienen un uso masivo de dispositivos y encabezan igualmente la clasificación mundial en lectura. Un buen razonamiento científico exige buscar el caso que refuta la hipótesis, no solo los que la confirman.

Y llegamos a las matemáticas, donde conviene hacer bien la cuenta. El gasto público en educación no se ha estancado: pasó de 55.176 millones de euros en 2020 a 71.349 millones en 2024, casi un 30% más en cuatro años. Buena parte de ese aumento está ligada a fondos europeos de digitalización, la misma lógica de sustituir reforma por hardware que ya falla con las pantallas. Conviene también fechar bien el daño: el recorte que marcó la década fue el Real Decreto-ley 14/2012 del Gobierno de Rajoy, que subió un 20% las ratios por aula y la jornada lectiva a 25 y 20 horas semanales. La ley que lo restableció se aprobó en 2019 con Sánchez, con el PP y Ciudadanos votando en contra.

Pero revertir una norma no repone una plantilla: los sindicatos siguen denunciando un déficit de más de 44.000 docentes, y el propio PISA 2025 confirma que casi la mitad de los centros sigue sin cubrir sus vacantes. Y pese al aumento nominal, España sigue por debajo de sus socios europeos en proporción a su riqueza, un 4,1% del PIB frente al 4,8% de la UE, porque el gasto ha crecido al ritmo de la economía, sin ganar peso como prioridad bajo ningún color de gobierno.

Hay una cifra que rara vez se dice en voz alta: solo en 2022, la Administración destinó 7.495 millones de euros públicos a centros de titularidad privada. Un informe sindical sitúa a España entre los sistemas más segregados del mundo por nivel socioeconómico, con un índice de 0,36 a nivel nacional que en Madrid sube hasta el 0,45 entre el alumnado favorecido. El mismo informe señala que la "libertad de elección de centro", bandera histórica de la derecha y la extrema derecha, funciona en la práctica como libertad de selección del alumnado por parte de los centros y de las familias con más renta, en tensión con el artículo 27 de la Constitución. Ni siquiera compensa con resultados. El propio fundador de PISA, Andreas Schleicher, el mismo que atribuye la caída española a la falta de ambición y no de recursos, ha descrito la privada española como "una forma de segregar a los alumnos por su contexto social", incapaz de mejorar por ello la calidad del sistema. Sumar sus dos afirmaciones da una conclusión que él mismo no ha calculado: si la privatización no mejora nada y solo segrega, el problema no es cuánto se gasta, sino en qué, quién lo decide y a quién llega.

En 'Fedro', Platón cuenta que el dios Theuth presentó la escritura al rey Thamus como remedio para la memoria. Thamus respondió que ocurriría lo contrario: que los hombres dejarían de ejercitar su memoria al confiar en signos externos, y parecerían sabios sin haber recibido verdadera instrucción. Es, casi palabra por palabra, la acusación que hoy se dirige a la inteligencia artificial: cada generación adulta ha preferido temer a la herramienta nueva antes que auditar sus propias decisiones. Y esa es exactamente la auditoría que pide la UNESCO: cualquier inversión en inteligencia artificial educativa debe sumarse a los recursos ya destinados a la educación, nunca sustituirlos. Es la respuesta precisa a quienes creen que a España no le falta financiación sino ambición. Los números dicen algo más incómodo: que el dinero que ha llegado se ha dirigido a la digitalización y a subvencionar una red que segrega, en vez de a corregir la falta de profesores, de infraestructuras o la desigualdad territorial.

Si PISA existe para averiguar si un país forma ciudadanos capaces de leer con rigor, razonar sobre causas y manejar cifras con honestidad, la respuesta que España le ha dado al informe es, en sí misma, la prueba más clara de que el problema no empieza en las aulas. Empieza en quienes deben gobernarlas, financiarlas y examinarlas con la misma vara con la que miden a un adolescente de quince años. La educación pública no es un gasto que un país pueda permitirse o no según el ciclo económico: es, junto a la sanidad, el instrumento más serio que tiene una sociedad para que el origen de un niño no determine su destino. Tratarla como tal exige que Gobierno, oposición, comunidades autónomas y sector concertado dejen de repetir el examen que ya han suspendido y empiecen, por una vez, a corregirse a sí mismos.