España entra en la recta final del mayor programa de inversión pública de su historia reciente. El próximo 31 de agosto marca la fecha límite fijada por la Unión Europea para completar los hitos y objetivos comprometidos dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aunque el cierre administrativo definitivo se prolongará todavía durante los próximos meses.

El Gobierno tendrá hasta el 30 de septiembre para presentar a Bruselas la séptima y última solicitud de pago. En ella se jugará más de 25.800 millones de euros, correspondientes a 21.462 millones en transferencias y otros 4.400 millones en préstamos, vinculados al cumplimiento de 148 hitos y objetivos.

La cuenta atrás llega después de más de cinco años de ejecución y con un balance que enfrenta dos visiones. Para el Ejecutivo, los fondos europeos han sido una herramienta decisiva para modernizar la economía española. Para algunos organismos independientes, sin embargo, persisten dudas sobre el ritmo de ejecución y sobre cuánto del dinero comprometido ha llegado realmente a la economía.

España ha recibido hasta ahora seis desembolsos por un total de 78.000 millones de euros, el 76,5% de los fondos asignados, después de acreditar el cumplimiento de 338 hitos y objetivos. El último pago se hizo efectivo este mismo agosto y ascendió a 6.234 millones de euros. Según los datos del Gobierno, el programa ha llegado a 1,5 millones de beneficiarios, de los que el 68% son pymes y microempresas.

El origen de este plan se remonta a junio de 2020, cuando la Unión Europea aprobó el programa NextGenerationEU como respuesta a la crisis provocada por la pandemia. España tenía inicialmente asignados unos 140.000 millones de euros, aunque posteriormente el Gobierno decidió renunciar a una parte importante de los préstamos disponibles.

El dinero pendiente, bajo la lupa

Uno de los principales interrogantes se encuentra ahora en los fondos que todavía no han sido adjudicados. A cierre del primer semestre del año, quedaban alrededor de 22.000 millones de euros sin asignar.

La cuestión es relevante porque el calendario europeo establece un límite temporal para comprometer estos recursos. Si determinadas cantidades no llegan a adjudicarse dentro del plazo, podrían tener que devolverse a Bruselas.

BBVA Research ha advertido además de una desaceleración en el ritmo mensual de ayudas y licitaciones. Según sus cálculos, para alcanzar el volumen de inversión comprometido dentro del calendario previsto sería necesaria una aceleración superior al 80%, hasta alcanzar una media aproximada de 2.200 millones de euros al mes.

El diésel ya costó 460 millones

No todos los objetivos incluidos en el plan han llegado a cumplirse. Uno de los casos más visibles ha sido la equiparación fiscal del diésel y la gasolina. La medida, planteada en diferentes momentos por el Gobierno, no salió adelante en el Congreso. Como consecuencia, Bruselas descontó 460 millones de euros del quinto desembolso del Plan de Recuperación.

Este episodio ilustra la dificultad de cumplir algunos de los compromisos ligados a los pagos europeos, muchos de ellos vinculados no solo a inversiones, sino también a reformas legislativas y económicas.

El debate no se limita al dinero pendiente. También existe discusión sobre el efecto real que los fondos han tenido hasta ahora sobre la economía española. Un estudio de Funcas elaborado junto a Afi estima que entre el 10% y el 14% del crecimiento anual del PIB español entre 2021 y 2025 puede atribuirse al impulso de los fondos europeos. Sin embargo, Funcas también ha advertido de que la ejecución contabilizada oficialmente no siempre permite determinar si el dinero ya ha llegado de forma efectiva a empresas, hogares o proyectos. El Gobierno mantiene una valoración muy distinta. El presidente Pedro Sánchez y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, defienden que el plan ha contribuido a transformar la estructura económica del país, mejorar la productividad y modernizar el tejido empresarial.

Con el 31 de agosto como fecha clave, España afronta ahora la última gran fase de un programa que nació para responder a la pandemia y que, cinco años después, se enfrenta a su prueba definitiva: demostrar que los miles de millones comprometidos pueden traducirse en inversiones reales antes de que se cierre la ventana europea.