El municipio vallisoletano de Torrelobatón, un enclave rural de apenas 400 vecinos, se ha convertido en el epicentro de una fuerte controversia industrial. La proyección del Centro de Proceso de Datos (CPD) San Lorenzo, una infraestructura de hiperescala que aspira a ser referente nacional, ha despertado un movimiento ciudadano de oposición. Varios vecinos de la localidad y de los alrededores ha encabezado una petición pública que exige la paralización del proyecto, alertando sobre las consecuencias "irreversibles" que este tendría sobre el medio ambiente, el paisaje y el modo de vida de la comarca de los Montes Torozos.

La rebelión vecinal

La petición ciudadana pone el foco en lo que consideran un "espejismo" de beneficios para el pueblo. Según denuncian los vecinos, el proyecto de la empresa DC Mudarra S.L.U. consumirá un volumen inabarcable de recursos hídricos y energéticos sin generar un retorno social y laboral proporcional. Los creadores de la petición sostienen que la creación de empleo será significativa únicamente durante la fase de construcción y montaje. Una vez operativo, los 140 puestos de trabajo directos previstos serán de alta especialización y, previsiblemente, ocupados por personal externo, dejando al municipio con una plantilla de mantenimiento mínima.

Uno de los puntos más críticos de la petición es el consumo de agua. Aunque la memoria del proyecto cifra en 5.996 metros cúbicos anuales el gasto directo (equivalente a un hotel mediano o un gimnasio), los vecinos denuncian que esta cifra es engañosa. Alertan de que los sistemas de refrigeración evaporativa requieren un consumo continuo para evitar el sobrecalentamiento de los servidores, una demanda que se dispara con el auge de la inteligencia artificial. Además, exigen que se considere la huella hídrica indirecta: la necesaria para producir los más de 2.000 GWh de electricidad que el centro demandará cada año. "No es razonable evaluar cada proyecto por separado cuando todos van a utilizar los mismos recursos hídricos", reza el texto de la petición, que recuerda que la Confederación Hidrográfica del Duero ya ha advertido de descensos en los niveles de la masa de agua subterránea Aluvial del Duero: Tordesillas-Zamora.

El proyecto defiende su "sostenibilidad"

Mientras, la empresa promotora plantea que el centro operará bajo un modelo de "sostenibilidad ambiental", tal y como se recoge en el expediente que se puede consultar en el portal de la Junta de Castilla y León. Se argumenta que se utilizarán fuentes de energía renovable procedentes de los parques eólicos colindantes y que han diseñado un sistema de "vertido cero". Según la memoria del proyecto, el agua de las enfriadoras recirculará en circuitos estancos, por lo que, tras un llenado inicial de unos 1.440 metros cúbicos, las aportaciones posteriores serían "mínimas". 

Como medida de integración con el entorno rural, el proyecto contempla una propuesta pionera: recolectar millones de litros de agua de lluvia en balsas para que los agricultores locales puedan reutilizarla en el riego de parcelas contiguas. Asimismo, para no saturar la red local, el suministro continuo de agua para el funcionamiento diario se realizaría mediante camiones cisterna que llenarían periódicamente cuatro grandes tanques de reserva.

El Ayuntamiento, en la sombra informativa

Frente a la movilización popular, el Ayuntamiento de Torrelobatón se encuentra en una situación de desconcierto técnico. Su alcalde, Alfredo Luego, ha confirmado a TRIBUNA Valladolid que la empresa no se ha puesto en contacto con ellos para explicar los detalles de la infraestructura. "Aquí no ha llegado el proyecto y no podemos decir nada porque no sabemos nada", ha asegurado Luego, confirmando que la información de la que disponen es la que ha salido a la luz por los cauces de información pública ambiental.

Aunque reconoce que una inversión de hasta 2.000 millones de euros podría suponer una inyección económica vital para las arcas municipales y el comercio local, mantiene una postura de absoluta cautela: "Yo estoy a favor de lo que digan los técnicos", afirma, dejando la decisión final en manos de las autoridades ambientales y la viabilidad del proyecto.

Izquierda Unida: el impacto acumulado en el punto de mira

La oposición vecinal coincide con el comunicado lanzado hace unos días por Izquierda Unida Valladolid. Su coordinador provincial, Juan Francisco Rodríguez, ha solicitado publicamente una evaluación ambiental "especialmente rigurosa" que no se limite a analizar el centro de datos de forma aislada. IU denuncia que la zona ya está bajo presión por otros macroproyectos, como plantas de hidrógeno verde, que también demandan ingentes cantidades de agua.

Rodríguez cuestiona si el modelo de "hiperescala" es compatible con la conservación del patrimonio natural de los Montes Torozos. La formación pone el acento en la potencia informática neta de 160 MW, una cifra que triplica la media de las instalaciones comerciales de España, y cuyo consumo eléctrico anual (2.025,6 GWh) es comparable al de una ciudad de tamaño medio. IU también alerta sobre el sistema de seguridad energética: el proyecto contempla hasta 96 grupos electrógenos de emergencia con una potencia térmica de 786,82 MW y grandes depósitos de combustible (casi 3.845 metros cúbicos), lo que genera dudas razonables sobre las emisiones potenciales en caso de fallo del suministro principal.

Radiografía del proyecto: dimensiones y tecnología

Para entender la magnitud de lo que se dirime en Torrelobatón, hay que analizar las cifras de DC Mudarra S.L.U.. El centro se extendería sobre una superficie superior a las 117 hectáreas, aunque contando con las infraestructuras eléctricas necesarias, la extensión global podría acercarse a las 250 hectáreas. La ubicación no es casual: se ha elegido por su proximidad a la subestación eléctrica de La Mudarra y la de Peñaflor de Hornija, nudos críticos para garantizar el suministro masivo de energía.

El complejo se estructurará en dos edificios autónomos. Cada uno contará con ocho salas IT, con una potencia de 10 MW por sala. Estos edificios operarán de forma independiente para garantizar la redundancia; es decir, si uno requiere mantenimiento, el otro puede seguir operando sin interrupciones. La inversión estimada es colosal: si se aplica el estándar internacional de 9 millones de euros por MW, el coste base tecnológico se sitúa en los 1.440 millones, a lo que habría que sumar la obra civil y las infraestructuras hidráulicas y eléctricas auxiliares, elevando el total hacia los 2.000 millones de euros.

Sin embargo, para los vecinos que han promovido la petición, estas promesas son insuficientes frente a la transformación "irreversible" del paisaje y el riesgo de agotar los recursos de una zona ya castigada por la despoblación y la sequía. Los vecinos insisten en que este tipo de proyectos de "infraestructura crítica" deberían ubicarse en áreas industriales ya preparadas de grandes ciudades, y no en municipios con encanto natural como Torrelobatón, donde temen convertirse en el "escenario de los restos que consumen las ciudades". La batalla por el futuro de los Montes Torozos no ha hecho más que empezar.