Izquierda Unida Valladolid ha mostrado su preocupación por el impacto ambiental y el consumo de recursos hídricos del macrocentro de datos proyectado en Torrelobatón y ha reclamado que el proyecto sea sometido a una evaluación ambiental "especialmente rigurosa", teniendo en cuenta no solo los efectos de la instalación, sino también el impacto acumulado que podría generar junto a otras grandes infraestructuras previstas en la provincia.

La formación, a través de un comunicado enviado este miércoles a los medios, considera que una inversión de 1.600 millones de euros no debe valorarse únicamente por su dimensión económica, sino también por el consumo de recursos naturales, el empleo estable que generará y su compatibilidad con la conservación del patrimonio natural.

El coordinador provincial de IU Valladolid, Juan Francisco Rodríguez, ha señalado que este tipo de iniciativas deben analizarse "con el máximo rigor" y desde una perspectiva global. En este sentido, ha defendido que las nuevas inversiones pueden representar una oportunidad para el desarrollo del medio rural, aunque ha advertido de que también es necesario valorar qué recursos consumen, qué empleo generan realmente y qué consecuencias dejan sobre el territorio.

Según recuerda la organización, el proyecto contempla un centro de datos de hiperescala con una potencia informática neta de 160 megavatios (MW), distribuida en dos fases con ocho salas de datos cada una. De ejecutarse, se convertiría en una de las mayores infraestructuras tecnológicas proyectadas actualmente en España.

IU reconoce que el emplazamiento elegido responde, entre otros factores, a la existencia de una infraestructura eléctrica capaz de abastecer una instalación de estas dimensiones. Sin embargo, sostiene que la disponibilidad de potencia eléctrica no debe ser el único criterio para decidir la ubicación de este tipo de macroproyectos, sino que también deben valorarse sus efectos sobre el territorio y los recursos naturales.

La formación pone el foco en la demanda energética de la futura instalación. De acuerdo con la documentación sometida a información pública, el centro requerirá 2.025,6 gigavatios hora (GWh) al año cuando funcione a pleno rendimiento, un consumo que IU compara con el de una ciudad de tamaño medio. Además, el proyecto prevé un sistema de respaldo formado por 96 grupos electrógenos de emergencia, con una potencia térmica conjunta de 786,82 MW, así como depósitos de combustible para garantizar su funcionamiento.

Otro de los aspectos que más preocupa a Izquierda Unida es el consumo de agua asociado al funcionamiento del centro de datos. Aunque la documentación ambiental cifra en 5.996 metros cúbicos anuales el consumo directo de agua para las dos fases previstas, la formación considera que esa cantidad no refleja la huella hídrica real, ya que también habría que tener en cuenta el agua utilizada de forma indirecta para producir la electricidad necesaria para alimentar la infraestructura.

En este sentido, IU recuerda que el proyecto se ubicaría en una zona donde también existen iniciativas para la producción de hidrógeno verde, igualmente intensivas en el uso de agua, y donde la Confederación Hidrográfica del Duero ha advertido en distintas ocasiones del descenso de los niveles de la masa de agua subterránea Aluvial del Duero: Tordesillas-Zamora.

Para Juan Francisco Rodríguez, "no es razonable evaluar cada proyecto por separado cuando todos van a utilizar los mismos recursos hídricos y energéticos", por lo que considera necesario estudiar el efecto conjunto que tendrán estas infraestructuras sobre la comarca.

Asimismo, la organización cuestiona si el retorno económico y social de una instalación de estas características resulta proporcional al elevado consumo de energía, agua y suelo que requiere. Aunque admite que durante la construcción se generará actividad económica y empleo temporal, recuerda que los centros de datos suelen mantener plantillas reducidas una vez finalizadas las obras.

Por todo ello, Izquierda Unida Valladolid solicita que la tramitación ambiental del macrocentro de datos se lleve a cabo con el máximo nivel de exigencia, garantizando la participación pública y evaluando de forma conjunta los efectos acumulativos de los grandes proyectos previstos en el entorno, especialmente sobre los recursos hídricos, el consumo energético, la biodiversidad y el territorio.