El Grupo Provincial TLP (Izquierda Unida, Podemos, Verdes Equo y Alianza Verde) ha presentado en la Diputación de Valladolid una proposición para impulsar la vivienda de protección pública en los municipios de menos de 20.000 habitantes, con especial atención a los pueblos de menor tamaño. La iniciativa reclama a la Junta de Castilla y León, administración competente en materia de vivienda, una política específica para el medio rural que permita ampliar el parque público y contribuir a combatir la despoblación.

Los datos de la propia Junta reflejan, según TLP, un importante desequilibrio territorial en el desarrollo de vivienda pública. En 2024 se encontraban en desarrollo en la provincia 519 viviendas destinadas a incrementar el parque público, entre nuevas promociones y actuaciones de rehabilitación. De ellas, 438 se concentraban en Valladolid capital, aproximadamente el 84% del total, mientras que ninguna correspondía a municipios de menos de 1.000 habitantes.

El diputado provincial de TLP Julio Pereda considera que estas cifras evidencian la necesidad de adaptar las políticas de vivienda a las características de los municipios pequeños. "En muchos pueblos existe una necesidad real de vivienda, pero las condiciones del mercado hacen que la iniciativa privada no siempre encuentre rentabilidad y los ayuntamientos tampoco cuentan con capacidad suficiente para afrontar por sí solos este problema. Por eso es necesaria una mayor implicación de la Junta", señala.

La proposición plantea la creación de un plan específico para los municipios de menos de 20.000 habitantes, con prioridad para aquellos de menos de 1.000. Entre sus medidas figuran el impulso del alquiler público y el establecimiento de objetivos concretos en cuanto al número de viviendas, municipios beneficiarios, inversión y plazos, además de una distribución territorial equilibrada y mecanismos de seguimiento y evaluación.

TLP reclama también reforzar la financiación y la colaboración con los ayuntamientos. La formación señala que en los programas específicos de vivienda rural actualmente existentes recae una parte importante de la responsabilidad económica y patrimonial sobre los municipios, que deben aportar en muchos casos suelo, inmuebles o recursos para desarrollar las promociones. A su juicio, esta exigencia puede resultar especialmente difícil de asumir para los pueblos con menor población y capacidad presupuestaria.

Por ello, la iniciativa propone crear una línea específica de financiación que facilite la puesta a disposición de suelo municipal, parcelas y edificios públicos o en desuso, así como otras fórmulas para generar patrimonio destinado a vivienda protegida. También plantea reforzar la colaboración entre la Junta, la Diputación y los ayuntamientos para identificar oportunidades y desarrollar nuevas promociones.

Para TLP, la vivienda pública debe integrarse en las políticas de lucha contra la despoblación, facilitando que jóvenes y familias puedan permanecer en los pueblos y favoreciendo también la llegada de nuevos vecinos.

"La Junta tiene las competencias y debe asumir su responsabilidad. Los pueblos pequeños no pueden quedar fuera de las políticas de vivienda porque no tengan capacidad económica para afrontar por sí solos los costes que les supone una promoción. Necesitamos una política pública desde la Administración regional que aporte los recursos y los medios necesarios para que la vivienda también sea una herramienta contra la despoblación", concluye Julio Pereda.