El Consejo de Ministros ha autorizado este martes la declaración de emergencia para contratar las actuaciones necesarias que permitan reparar los daños ocasionados por el incendio registrado el pasado 31 de mayo de 2026 en el centro de distribución eléctrica de la base militar El Empecinado, en Valladolid. La actuación contará con un presupuesto de 187.700 euros. El incendio, provocado por una avería, dejó sin suministro eléctrico a la instalación y afectó a servicios esenciales para garantizar las condiciones mínimas de operatividad, seguridad y habitabilidad de la base.

Las obras contemplan la reparación de los daños sufridos en la red eléctrica mediante la reposición de las celdas de distribución afectadas, así como la contratación de un servicio provisional de generación eléctrica auxiliar que permitirá mantener el suministro mientras se ejecutan los trabajos. La autorización forma parte de un paquete de acuerdos aprobados por el Ejecutivo en materia de Defensa que supera los 91 millones de euros.

Entre ellos destaca el acuerdo marco para el apoyo al mantenimiento integral de los vehículos de combate Pizarro, tanto en su versión de infantería como de caballería, con un valor estimado de 50.578.512 euros. El contrato, destinado a garantizar el mantenimiento de estos blindados del Ejército de Tierra, tendrá una duración de cuatro años y podrá prorrogarse por otros dos.

Asimismo, el Gobierno ha dado luz verde a un acuerdo marco de 23.829.374 euros para el desarrollo de software aeronáutico, servicios de ingeniería, reparaciones estructurales e ingeniería del sistema de enseñanza en red para los vehículos tripulados remotamente tipo II del Ejército del Aire y del Espacio. El contrato tendrá una vigencia inicial de dos años, con posibilidad de ampliación por otros dos.

Por último, el Consejo de Ministros ha autorizado un acuerdo marco de 17.498.720 euros para el suministro de nuevos puestos de mando de tipo batallón destinados a la Unidad Militar de Emergencias (UME). Según el Ministerio de Defensa, los equipos actualmente en servicio presentan importantes limitaciones derivadas de la obsolescencia tecnológica y de la falta de repuestos, lo que hace necesaria su sustitución por sistemas más modernos. El acuerdo tendrá una duración de cuatro años y no contempla prórrogas.