El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado en las Cortes de Castilla y León una proposición no de ley para exigir a la Junta que garantice que las mujeres de la provincia de Valladolid puedan acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en su hospital público de referencia, sin depender de la derivación a una clínica privada concertada.

La iniciativa, presentada por las procuradoras vallisoletanas Patricia Gómez Urbán, Laura Pelegrina y Ana Casado, recuerda que la interrupción voluntaria del embarazo forma parte de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud y que la legislación vigente obliga a las administraciones públicas a garantizar el acceso efectivo a esta prestación.

Según denuncia el PSOE, las mujeres de Valladolid siguen siendo derivadas a una clínica privada concertada para ejercer este derecho, una situación que, a su juicio, supone que una prestación sanitaria pública continúe sin ofrecerse en el hospital de referencia de la provincia.

Los socialistas también muestran su preocupación por la presencia de un espacio de la Fundación RedMadre, entidad contraria al aborto, en las inmediaciones de la clínica concertada. Consideran que esta circunstancia puede generar situaciones de "presión, intimidación o estigmatización" hacia las mujeres que acuden a someterse a una interrupción voluntaria del embarazo.

En este sentido, recuerdan que la legislación española ha reforzado la protección frente al acoso en las inmediaciones de los centros donde se practican abortos, con el objetivo de garantizar que las mujeres puedan acceder a esta prestación "con plena libertad, intimidad, seguridad y dignidad".

Por ello, la proposición insta a la Junta de Castilla y León a adoptar las medidas necesarias para que la interrupción voluntaria del embarazo pueda realizarse en el hospital público de referencia de Valladolid, garantizando condiciones de igualdad, proximidad, privacidad y seguridad.

La viceportavoz del Grupo Socialista, Patricia Gómez Urbán, aseguró que "la Junta de Castilla y León lleva años incumpliendo su obligación de garantizar este derecho dentro de la sanidad pública" y sostuvo que "no es aceptable que, en pleno 2026, las mujeres de Valladolid tengan que seguir dependiendo de una clínica privada para acceder a una prestación que forma parte de la cartera común del Sistema Nacional de Salud". Asimismo, acusó al Ejecutivo autonómico de "imponer su moralina a un derecho de las mujeres reconocido y protegido por la ley".