España acumula un déficit de entre 450.000 y 700.000 viviendas según el Banco de España. El alquiler ha subido más de un 33% desde 2022. La edad media de emancipación supera los 30 años y solo el 14,5% de los jóvenes vive fuera del hogar familiar. En 2024, los juzgados registraron 27.564 desahucios, tres de cada cuatro por impago del alquiler. El parque de vivienda pública representa el 1,5% del total, frente al 9% de la media europea. Y en noviembre de 2025 había en España 329.764 viviendas turísticas comercializadas en plataformas digitales. Estos no son los datos de un fracaso. Son los datos de una elección.

Una elección que tiene consecuencias morales, no solo económicas. La vivienda no es un bien de consumo: es la condición material de una vida digna. Cuando un barrio se vacía de vecinos reales -de gente que lleva a sus hijos al colegio, que envejece en el mismo portal- no pierde solo población: pierde el tejido que hace posible la vida colectiva. Decidir que la vivienda pertenece exclusivamente al mercado es decidir quién puede ser ciudadano de pleno derecho y quién no. España lleva cuatro décadas tomando esa decisión. No por incompetencia. Por un pacto de silencios.

El primero es el silencio de Hacienda. El Plan de Control Tributario de 2026 anuncia que buscará «detectar artificios en el alquiler de pisos turísticos»: inmuebles que tributan como vivienda habitual pero operan como alojamiento vacacional. Que esto se anuncie ahora como novedad significa que durante años fue la norma tolerada. El fraude es rastreable en plataformas que registran cada transacción. Nadie lo persiguió mientras los precios subían y los vecinos se iban.

El segundo es el silencio del sector hostelero, que compite con los pisos turísticos y sin embargo protesta siempre a media voz. La razón es doble: el turismo en general, del que viven bares y restaurantes, necesita el relato de España como destino asequible que los pisos ilegales también alimentan; y muchos hosteleros son además propietarios de inmuebles que alquilan fuera de temporada. El silencio no es hipocresía. Es cálculo.

El tercero es el silencio de las administraciones locales, que llevan años cobrando tasas turísticas e ingresando licencias. Han vivido del boom y denunciarlo implicaría reconocer la corresponsabilidad. En Madrid se ofertaban 12.637 viviendas turísticas en plataformas; el registro oficial contabilizaba 1.283. Diez veces más en la calle que en los papeles, con el conocimiento de quienes gobiernan la ciudad.

El cuarto es el silencio del legislador autonómico, el más cínico porque es el más documentable. La Ley de Vivienda de 2023 creó las zonas tensionadas para topar el alquiler donde el precio supera el 30% de los ingresos medios. Cataluña la activó en 271 municipios y el resultado es visible: Barcelona subió solo un 1,9% en 2025, frente al 8,5% de media nacional. Pero Madrid, Andalucía, Valencia y otras diez comunidades se niegan a aplicarla: Madrid alega que topar precios reduce la oferta; Andalucía ha recurrido la ley ante el Tribunal Constitucional. La herramienta existe. Sus ciudades cumplen los criterios. No la usan. Eso no es una discrepancia competencial. Es una decisión política sobre a quién se protege.

Y luego están los fondos y el sector inmobiliario, con un interés común en que nada cambie. Blackstone vendió en marzo de 2026 su cartera Fidere -19.600 pisos acumulados en España- al fondo canadiense Brookfield por 1.050 millones de euros. Entre esos activos figuraban 1.800 viviendas compradas en 2013 a la Empresa Municipal de Vivienda de Madrid: patrimonio público revendido entre inversores a precio especulativo. Las grandes promotoras argumentan que construir vivienda asequible no es rentable mientras se oponen a las medidas que harían posible que lo fuera. El historiador Tony Judt, cuyo último libro fue un alegato urgente contra el abandono de lo público, lo advirtió: lo que se privatiza no es solo un servicio. Es la idea misma de que hay cosas que pertenecen a todos.

El coste lo pagan los mismos. España tiene una tasa de fecundidad de 1,11 hijos por mujer, de las más bajas de Europa: una generación ha pospuesto tener hijos esperando condiciones mínimas de habitabilidad. No hay política demográfica posible sin política de vivienda, y ese eslabón nadie lo nombra. Los jóvenes que quieren vivir solos deben destinar el 98,7% de su salario al alquiler -una cifra que convierte la independencia en un lujo de clase- y las familias que pagan esa renta ven cómo su riesgo de pobreza salta del 26% al 43%.

El comisario europeo de Vivienda advirtió en diciembre de 2025 que si este problema no se resuelve se dejará un vacío que aprovecharán las fuerzas políticas extremistas. Que esa advertencia llegue desde Bruselas, y no desde los parlamentos nacionales, dice todo sobre dónde está instalada la cobardía. Las soluciones funcionan a pocos cientos de kilómetros. El Plan Europeo de Vivienda Asequible prevé movilizar 375.000 millones en inversión institucional. Dinamarca financia su parque social con un fondo rotatorio desde 1967, Francia topa los alquileres por barrio con índice vinculante desde 2019. Esta misma semana, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, logró congelar el alquiler de casi un millón de apartamentos -el 40% del parque de la ciudad-. "Esta es una victoria histórica para los inquilinos", declaró. Cuando la capital del capitalismo urbano regula, cuesta entender por qué no pueden hacerlo las ciudades españolas. En Viena el 60% del parque residencial es público y el alquiler medio ronda los 8 euros por metro cuadrado; en la Comunidad de Madrid, 20,9 euros. Estos modelos no son utópicos. Son ignorados.

Hemos perdido la costumbre de preguntarnos, como reclamaba Judt, si las decisiones que tomamos son buenas, si son justas, si contribuyen a construir una sociedad mejor. La vivienda es exactamente esa pregunta. Y llevamos cuarenta años sin querer responderla.

La crisis de vivienda en España no es una fatalidad del mercado. Es la consecuencia documentada y previsible de haber decidido, sistemáticamente, a quién se protege y a quién se deja a la intemperie. Eso tiene un nombre. Y no es fracaso.