El Grupo Provincial TLP ha formalizado una batería de alegaciones contra el proyecto de construcción de una planta de producción y almacenamiento de hidrógeno verde y un parque fotovoltaico asociado en Sieteiglesias de Trabancos, una iniciativa que, a juicio de la formación, "presenta importantes carencias técnicas y ambientales que justifican su paralización".

La actuación promovida por las empresas Zortea Solar y Ansasol contempla una planta de hidrógeno de 40 megavatios junto a una instalación fotovoltaica de más de un centenar de hectáreas. Tras analizar la documentación sometida a información pública, TLP considera que "el expediente acumula deficiencias que deberían llevar a la Junta de Castilla y León a emitir una resolución desfavorable".

El diputado provincial Julio Pereda defendió la "necesidad" de impulsar la transición energética, aunque advirtió de que este proceso "debe desarrollarse con garantías para el territorio". En este sentido, señaló que "las energías renovables no pueden implantarse a costa de comprometer recursos naturales estratégicos ni generar riesgos para los municipios afectados".

Entre los argumentos expuestos por la formación figura la supuesta "falta de rigor" del estudio de impacto ambiental. Según las alegaciones registradas, "parte de la documentación contiene referencias geográficas ajenas al proyecto, incluyendo infraestructuras y espacios situados en la provincia de Badajoz", lo que, a su entender, pone en cuestión la fiabilidad del análisis presentado.

Otro de los aspectos que centran las críticas es el consumo de agua previsto para el funcionamiento de la planta. TLP alerta de que la instalación "recurriría a recursos procedentes de la masa de agua subterránea de Los Arenales-Tierras de Medina y La Moraña, declarada en mal estado cuantitativo y químico". La formación advierte además de las "incertidumbres" existentes sobre el volumen real de agua que demandará la infraestructura y recuerda los problemas de abastecimiento y contaminación por nitratos registrados en la zona en los últimos años.

Las alegaciones también ponen el foco en "el posible impacto sobre el río Trabancos", al considerar que los vertidos derivados del proceso industrial podrían alterar "significativamente" el equilibrio ecológico de este cauce, especialmente durante los periodos de menor caudal.

En materia de seguridad, TLP considera "insuficiente" la evaluación de riesgos vinculados al almacenamiento de hidrógeno a alta presión. Entre las cuestiones planteadas figura la proximidad de la futura planta a la línea ferroviaria de alta velocidad Medina del Campo-Zamora, así como la existencia de explotaciones ganaderas en el entorno inmediato.

La afección a la biodiversidad constituye otro de los ejes de la oposición al proyecto. La formación sostiene que "la instalación se ubicaría en un área de elevada sensibilidad ambiental, próxima a espacios protegidos como la ZEPA Tierra de Campiñas y la Reserva Natural de las Riberas de Castronuño". Asimismo, cuestiona el inventario de fauna recogido en el expediente por considerar que "omite" especies de especial interés presentes en la comarca.

El impacto acústico derivado del funcionamiento permanente de compresores, ventiladores y otros equipos industriales también figura entre las preocupaciones trasladadas a la Junta. Según TLP, "el estudio presentado no analiza adecuadamente la propagación del ruido en determinadas condiciones meteorológicas habituales en la zona".

Por último, la formación plantea la posibilidad de que el proyecto haya sido fragmentado administrativamente al tramitar de forma separada elementos que, a su juicio, "forman parte de una misma actuación industrial". Esta circunstancia, sostienen, "impediría valorar de manera conjunta todos los efectos acumulativos de la iniciativa".

Desde TLP insisten en que la descarbonización de la economía "debe compatibilizarse con la protección de los recursos naturales y el desarrollo equilibrado del medio rural". Por ello, reclaman a la Junta de Castilla y León que tenga en cuenta tanto las alegaciones presentadas por colectivos ciudadanos como las registradas por distintas organizaciones sociales y adopte una decisión basada en criterios técnicos y ambientales.