El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado un contrato valorado en 12,4 millones de euros para la conservación y explotación de más de 200 kilómetros de carreteras estatales en la provincia de Valladolid. La actuación tendrá una duración inicial de tres años y permitirá reforzar las labores de mantenimiento, seguridad vial y modernización de infraestructuras en distintos puntos de la red viaria.

El proyecto afectará a un total de 203 kilómetros de carreteras pertenecientes al denominado sector número 1 de Valladolid, incluidos cerca de 75 kilómetros de autovía. Entre las vías incluidas figuran varios tramos de la A-11, la N-122 y la N-601, además de diferentes vías de servicio asociadas a estas carreteras.

En el caso de la A-11, las actuaciones se desarrollarán en distintos tramos comprendidos entre Tudela de Duero y Valladolid, así como entre Tordesillas y el límite provincial con Zamora. También se incorporan al contrato los tramos actualmente en construcción entre Quintanilla de Arriba, Olivares de Duero y Tudela de Duero.

La N-122 será objeto de trabajos de conservación entre Nava de Roa y Tudela de Duero, así como en el tramo que conecta Tordesillas con la provincia zamorana. Por su parte, la N-601 contará con actuaciones entre la localidad de Puras y la capital vallisoletana.

Además del mantenimiento ordinario, el contrato incluye una intervención específica para rehabilitar el firme de la vía de servicio situada en la margen izquierda de la N-601, entre Boecillo y Laguna de Duero, en un tramo próximo al acceso sur de Valladolid.

Las labores previstas abarcan actuaciones habituales de conservación y explotación, como la vigilancia de las carreteras, la atención de incidencias y accidentes, los dispositivos de vialidad invernal, el mantenimiento de instalaciones y el control de túneles y sistemas de comunicación.

El Ministerio subraya que el nuevo contrato incorpora criterios vinculados a la sostenibilidad y la reducción de emisiones contaminantes. Las empresas adjudicatarias deberán aplicar medidas de eficiencia energética y calcular la huella de carbono derivada de los trabajos de mantenimiento. Entre las iniciativas previstas figuran sistemas de autoconsumo energético, renovación de instalaciones, iluminación eficiente y la incorporación de vehículos eléctricos.

Asimismo, el contrato obliga a presentar un plan de descarbonización durante los primeros meses de ejecución, con el objetivo de avanzar hacia un balance neutro de carbono en el plazo de cinco años.

Con esta inversión, el Gobierno pretende garantizar unas condiciones adecuadas de seguridad y circulación en la Red de Carreteras del Estado, al tiempo que impulsa modelos de conservación más sostenibles y adaptados a los objetivos medioambientales europeos.