La judicialización del adversario político y el insulto como arma de destrucción pública no son invenciones de nuestro tiempo. Son herramientas con una larga historia, utilizadas con precisión quirúrgica cada vez que la democracia ha amenazado con funcionar de verdad. El fascismo de entreguerras las perfeccionó: degradar lingüísticamente al adversario hasta hacerlo parecer subhumano e instrumentalizar las instituciones para perseguirlo legalmente antes de eliminarlo físicamente. El macartismo estadounidense las adaptó al contexto liberal: no hacía falta suprimir la democracia, bastaba con contaminar el espacio público con la sospecha, el miedo y el estigma. Lo que estamos viendo hoy en Europa y Occidente no es nuevo: es la misma estrategia amplificada por las redes ya sin la vergüenza de disimularla.

Y en demasiados países la rendición ya ha comenzado.

La judicialización contemporánea ha transformado su naturaleza en las últimas dos décadas. Lo que antes era un recurso excepcional para defender derechos fundamentales se ha convertido en una táctica ordinaria para derrotar al adversario. Las democracias no mueren hoy por golpes de Estado sino por la destrucción sistemática de las normas no escritas que las sostienen. No las derrumba un enemigo exterior: las vacía la complicidad interior. Y pocas instituciones ilustran esa complicidad con más claridad que una justicia que acepta ser capturada, quizás por interés, sin resistencia. La judicialización masiva es exactamente eso: la sustitución del argumento por el procedimiento, de la política por la guerra de desgaste institucional. No se derroca al adversario: se le agota, se le desprestigia y se le hace ingobernable.

El insulto opera con la misma lógica pero en el espacio simbólico. No es una pérdida de control ni un exceso retórico: es una estrategia consciente y calculada. Umberto Eco, escritor y semiólogo italiano cuya obra exploró con precisión los mecanismos del fascismo y la manipulación del lenguaje, identificó uno de sus rasgos más persistentes: la degradación lingüística del adversario como condición previa a su exclusión política. Cuando el adversario deja de ser un interlocutor con quien se discrepa y se convierte en un enemigo al que se destruye, el lenguaje político pierde su función deliberativa y adquiere una función bélica.

No es tosquedad. Es estrategia.

El mayor peligro para la democracia no es la violencia sino la destrucción gradual del espacio de verdad compartida sin el cual el debate político es imposible. Lo más inquietante de esa destrucción es precisamente su gradualidad: no ocurre de golpe sino en pequeños pasos que se normalizan antes de que nadie haya decidido conscientemente aceptarlos. El insulto y la judicialización convergen en ese punto: los dos erosionan el espacio común de forma lenta y acumulativa. Uno lo hace degradando el lenguaje hasta hacerlo inhabitable para la deliberación; el otro lo hace trasladando los conflictos políticos a arenas donde la razón pública no tiene acceso. El resultado en ambos casos es el mismo: una democracia que sigue celebrando elecciones pero que ha perdido la capacidad de producir acuerdos, de gestionar el conflicto con argumentos y de reconocer en el adversario un interlocutor legítimo.

Lo que estamos viendo no es un exceso de conflicto sino una estrategia de vaciamiento: fuerzas políticas que han calculado que destruir el marco democrático les resulta más rentable que competir dentro de él. Defender ese marco no es un gesto pasivo sino una práctica cotidiana que exige la misma energía con que sus enemigos trabajan para destruirlo. Y en ese vaciamiento no solo tiene responsabilidad la extrema derecha que ataca: también la tienen quienes han preferido la comodidad de la denuncia retórica a la incomodidad del argumento real.

La extrema derecha que insulta y judicializa no está perdiendo elecciones. Está ganándolas.

La acumulación de pequeñas normalizaciones tiene siempre un punto de no retorno que solo se reconoce cuando ya se ha cruzado. El análisis teórico y la advertencia histórica convergen en una misma conclusión: estas tácticas no son síntomas de una democracia enferma sino instrumentos de su destrucción deliberada, y tratarlas como excesos coyunturales es exactamente el error que sus promotores necesitan que cometamos. La historia no miente: ninguna de las democracias que normalizó estas tácticas en el siglo XX sobrevivió intacta. Algunas cayeron despacio, otras de golpe. Pero todas compartieron un momento previo en el que la sociedad decidió que el insulto era aceptable y que los tribunales eran un arma legítima. Ese momento, en demasiados países occidentales, ya ha pasado.

Una democracia que se acostumbra a estas tácticas no está siendo más tolerante: está firmando su propia rendición. Y las rendiciones, a diferencia de las derrotas, son siempre voluntarias.