VTLP rechaza debatir la rebaja de la edad penal propuesta por Vox en el Ayuntamiento de Valladolid

Rocío Anguita califica la iniciativa de "anticonstitucional" y defiende políticas sociales frente al endurecimiento punitivo hacia menores

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VTLP rechaza debatir la rebaja de la edad penal propuesta por Vox en el Ayuntamiento de Valladolid
Rafi Romero y Rocío Anguita, en el Ayuntamiento de Valladolid.
El autor esMiguel Ángel  Fernández
Miguel Ángel Fernández
Lectura estimada: 2 min.

El Grupo Municipal Valladolid Toma la Palabra ha mostrado su rechazo a que el pleno del Ayuntamiento de Valladolid debata la moción presentada por Vox para rebajar la edad penal en casos de delitos graves, al considerar que este tipo de propuestas no deben tener cabida en el ámbito institucional.

La portavoz del grupo, Rocío Anguita, ha criticado la admisión a trámite de la iniciativa, asegurando que responde a un enfoque "punitivista" que no aborda las causas reales de los problemas que afectan a los menores. "No todo vale en las instituciones", ha subrayado.

Desde la formación municipal sostienen que la propuesta choca con el marco legal vigente y con los principios de protección a la infancia recogidos en normativas nacionales e internacionales. En este sentido, Anguita ha advertido de que medidas de este tipo "podrían vulnerar derechos fundamentales y alejarse de las políticas orientadas a la prevención y la inclusión social".

La portavoz ha insistido en que el debate sobre la delincuencia juvenil debe centrarse en soluciones estructurales, como "el refuerzo del trabajo comunitario, el apoyo a las familias y la intervención en los entornos sociales más vulnerables".

Asimismo, ha alertado del "riesgo" de apostar por el endurecimiento penal como respuesta, señalando que la entrada de menores en el sistema penitenciario no resuelve el problema de fondo. "La solución no pasa por más castigo, sino por entender qué hay detrás y actuar en consecuencia", ha concluido.

Desde VTLP defienden que las instituciones "deben priorizar políticas públicas centradas en la educación, la prevención y la cohesión social frente a iniciativas" que, a su juicio, fomentan la criminalización de los jóvenes.

 

 

 

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