El subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, ha aclarado que la incidencia en la señal de televisión registrada el pasado 18 de abril en Medina de Rioseco se debió a causas meteorológicas y ha descartado cualquier responsabilidad del Ejecutivo central.

Según la información trasladada por el propio Canales a TRIBUNA, el corte fue consecuencia de una tormenta eléctrica que provocó el salto de las protecciones del cuadro eléctrico del centro emisor, dejando fuera de servicio parte del equipamiento. De hecho, se produjeron cortes sucesivos de energía que afectaron a sistemas rearmables y al telecontrol de alarmas, lo que retrasó la detección y resolución de la avería.

Canales ha subrayado que el Gobierno de España no tiene competencias directas en la prestación del servicio de telecomunicaciones, limitándose a labores de inspección y control de la legalidad de las propias instalaciones. Es más, recordó que en la provincia no existe un servicio estatal de telecomunicaciones, sino únicamente un servicio de inspección adscrito al Ministerio para la Transformación Digital, mientras que la gestión como tal corresponde a la Junta de Castilla y León.

Asimismo, el subdelegado precisó que el programa 'Llega 700', citado por el Ayuntamiento, no guarda relación con este tipo de incidencias, ya que está orientado a la adaptación de la señal por el despliegue del 4G y 5G. Por esa razón, considera que "es extraño que el diputado de Innovación Tecnológica, área donde reside las Telecomunicaciones de la Diputación, que es el mismo David Esteban que preside el Ayuntamiento de Rioseco, no sepa que el 'Llega 700' no tiene nada que ver con esta cuestión ni sepa que tiene que dirigirse a Cellnex, empresa encargada de proporcionar el servicio en la zona".

Por último, Canales aseguró que desde los municipios afectados "no se ha trasladado ninguna queja formal" a la Subdelegación y reiteró que la función del Gobierno se limita a inspeccionar las instalaciones, no a garantizar el funcionamiento del servicio, que depende de los operadores y de la administración autonómica.