La actividad cultural pública enfrenta una paradoja inquietante: se destina dinero, se realizan actividades, festivales, exposiciones y programas, pero la sociedad apenas recibe formación, reflexión o capacidad para pensar. La rutina institucional ha sustituido a la estrategia y al servicio público, y la cultura se confunde con espectáculo y visibilidad política. Esta banalización no es casual: refleja vagancia, falta de riesgo y formas diseñadas para mantenerse sin modificarse, asegurando puestos de trabajo y cargos, justificando presupuestos, y alimentando egos antes que fomentando ciudadanía. Entretener no equivale a hacer cultura; actividad no equivale a proyecto; espectáculo no equivale a ciudadanía.

La historia del arte y del pensamiento ofrece el argumento más contundente contra esta deriva. La cultura auténtica se mide por su capacidad de generar obras y enseñanzas que trascienden el tiempo. Montaigne, Velázquez, Pina Bausch o Bach siguen presentes en nuestra vida intelectual y artística, mientras la infinidad de producciones mediocres desaparece sin dejar rastro. No es el espectáculo lo que perdura: es la formación, la creación con criterio, la obra que interpela y que, como intuía Aristóteles, no impone una verdad sino que activa la capacidad de juzgar. Los criterios estéticos y éticos no son un lujo de especialistas; son la condición de posibilidad de cualquier proyecto cultural serio.

Theodor Adorno argumentó a lo largo de su obra filosófica que la industria cultural neutraliza el pensamiento al convertir la cultura en entretenimiento administrado, vaciándola de su función emancipadora. No era un diagnóstico nostálgico: era una advertencia sobre lo que ocurre cuando la lógica del mercado __EMDASH__o de la institución autocomplaciente__EMDASH__ coloniza el espacio de la reflexión. El sociólogo Pierre Bourdieu, por su parte, demostró que el campo cultural tiende a reproducir y legitimar estructuras de poder antes que a emancipar a quienes participan en él. Y en esa reproducción participan no solo los gestores y los políticos, sino también algunos creadores que consolidan estas estructuras a cambio de visibilidad y recursos. Juntos, estos diagnósticos describen con precisión el problema que tenemos delante: no una crisis de recursos, sino una crisis de criterio y de voluntad intelectual.

Conviene decirlo sin eufemismos: la derecha ha gestionado históricamente la cultura pública con criterios clientelares y electorales, cuando no con hostilidad activa hacia cualquier forma de pensamiento crítico. Pero la banalización de las últimas dos décadas tiene también otra firma: la de gestores progresistas que confundieron accesibilidad con renuncia al criterio y participación con ausencia de exigencia. La contradicción más difícil de sostener es la de quienes denuncian esta pobreza programática desde los mismos escenarios que la alimentan: pseudointelectuales que critican el sistema y aceptan sin pudor sus cachés, sus presidencias de honor y sus presencias institucionales. La coherencia entre el diagnóstico y la conducta es también, y antes que nada, una exigencia ética.

Cada euro público invertido sin proyecto estratégico se diluye en espectáculo superficial, dejando a la sociedad sin autonomía para cuestionar y participar. Algunos países europeos han respondido a este problema desarrollando mecanismos de evaluación periódica para responsables de instituciones culturales públicas, con el objetivo de garantizar calidad de gestión, impacto real y uso responsable de los recursos. Introducir sistemas similares en nuestro contexto no debería interpretarse como control ideológico, sino como una exigencia de transparencia y responsabilidad profesional. Implica también algo más incómodo: la profesionalización cultural de quienes gestionan lo público, porque la ignorancia estética no es una opinión sino una limitación institucional. Rigor, ética y rendición de cuentas no son incompatibles con la autonomía creativa. Lo que sí es incompatible con ella es la mediocridad instalada.

Por eso, la administración pública, los técnicos y los creadores deben asumir que cada actividad cultural ha de evaluarse por su capacidad de generar reflexión, juicio propio y ciudadanía, no por cobertura mediática o impacto superficial. Si seguimos manteniendo festivales que no enseñan, museos que no transforman y eventos y centros culturales que no forman, la sociedad perderá progresivamente la capacidad de sostener un debate público digno. Aristóteles reconocía como la función más alta del arte no imponer una verdad, sino movilizar el pensamiento, enseñar a cuestionar, sostener la capacidad de juzgar por uno mismo. Esa función no se cumple sola: requiere instituciones con criterio, gestores con visión y servidores públicos que entiendan su trabajo no como ocupación de un cargo sino como ejercicio de una responsabilidad cívica de primer orden. 

En sociedades que han naturalizado el desprestigio de lo público, reivindicar la figura del servidor público cultural __EMDASH__el técnico riguroso, el programador con criterio, el gestor comprometido con el bien común__EMDASH__ no es nostalgia ni corporativismo: es una necesidad democrática. Los servicios públicos culturales son el único espacio donde la cultura puede cumplir su función sin someterse a la lógica del mercado ni a la del espectáculo; quienes los sostienen con vocación y rigor merecen reconocimiento, no condescendencia. La cultura profesional no es un lujo; es la base de nuestra libertad intelectual y de la salud de la democracia.