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Valladolid Toma la Palabra presenta alegaciones al plan urbanístico de la Azucarera Santa Victoria
El grupo municipal reclama que se recoja el historial jurídico de los suelos y denuncia el deterioro del inmueble histórico tras descartarse el proyecto de viviendas para jóvenes
La modificación del planeamiento, aprobada inicialmente el pasado 29 de diciembre de 2025, busca dar cumplimiento a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Dicho fallo obliga a calificar los terrenos como suelo urbano consolidado, corrigiendo la clasificación previa. Sin embargo, desde VTP recuerdan que este ámbito arrastra una controversia jurídica desde el mandato de Javier León de la Riva, cuando el Tribunal Supremo confirmó la construcción de 236 viviendas por encima de la legalidad permitida.
Deterioro del patrimonio industrial
Más allá de los aspectos técnicos del plan, la concejala Cristina Colino ha alertado sobre la degradación de la antigua azucarera, un edificio de propiedad municipal desde 2005 y referente del patrimonio industrial de finales del siglo XIX. Según la formación, el inmueble se encuentra en una situación de "abandono" tras la decisión del actual equipo de Gobierno de descartar el proyecto de 36 viviendas protegidas para jóvenes.
Dicha iniciativa contaba con:
- Un presupuesto estimado de 9 millones de euros.
- Una subvención estatal de 1,55 millones de euros, que se habría perdido al cancelarse la propuesta.
- Un diseño previo redactado por el Servicio de Arquitectura municipal.
Incertidumbre sobre el uso futuro
Aunque el Ayuntamiento ha planteado alternativas para el complejo, como el posible uso cultural de los chalés de entrada para albergar la Fundación Jorge Guillén, Valladolid Toma la Palabra critica la falta de un plan integral de recuperación. Colino advierte que el abandono del proyecto habitacional no ha sido sustituido por ninguna intervención concreta, lo que acelera el deterioro progresivo de la estructura.
Para la formación, la paralización de los planes en la Azucarera supone una "doble pérdida" para la ciudad: la renuncia a fomentar el alquiler asequible y el riesgo de perder un elemento clave de la historia arquitectónica de Valladolid por falta de conservación.
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