La Audiencia Provincial de Valladolid ha aplazado el inicio del juicio contra una supuesta organización dedicada a la trata de mujeres con fines de explotación sexual tras la incomparecencia de la principal encausada, actualmente en paradero desconocido. La ausencia de la considerada cabecilla de la red y de varios testigos protegidos obligó a suspender la vista oral prevista para este martes, 3 de febrero.

La suspensión fue solicitada por el Ministerio Fiscal y por las defensas de los cinco procesados. El tribunal confirmó que se activará una orden internacional de búsqueda para tratar de localizar a la principal acusada, mientras que también se pondrán en marcha mecanismos para intentar garantizar la comparecencia de los testigos cuya identidad permanece bajo protección judicial. La sala rechazó, no obstante, la petición de una de las defensas de desvelar sus identidades. El nuevo señalamiento queda fijado para los días 23, 25 y 26 de junio.

La Fiscalía atribuye a la supuesta líder de la trama múltiples delitos, entre ellos trata de seres humanos con fines de prostitución, explotación sexual, tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal, por los que solicita más de medio siglo de prisión. Junto a ella están acusadas otras cuatro personas, con peticiones de condena que oscilan entre los nueve y los 23 años de cárcel.

Captación en Paraguay y explotación en Valladolid

Según el escrito de acusación, la organización captaba a mujeres jóvenes en Paraguay, muchas de ellas en situación de extrema vulnerabilidad y, en algunos casos, vinculadas familiarmente a miembros de la red. Con la promesa de una oportunidad laboral en España, las víctimas eran trasladadas hasta Madrid y posteriormente a Valladolid, donde presuntamente eran obligadas a ejercer la prostitución en condiciones de control permanente.

La investigación, desarrollada por la Unidad contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF), se inició en 2021 tras detectar anuncios de servicios sexuales en internet. El testimonio de una de las mujeres permitió a los agentes destapar una estructura organizada que incluía captadores en Paraguay y España, así como una infraestructura para recibir a las víctimas en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y trasladarlas hasta un inmueble ubicado en la avenida de Burgos de la capital vallisoletana.

De acuerdo con la acusación, al llegar a España las mujeres contraían una deuda superior al coste real del viaje y debían entregar al menos la mitad —y en ocasiones la totalidad— de los ingresos obtenidos hasta saldarla. La red les retiraba el dinero con el que viajaban y les hacía firmar contratos de arrendamiento simulados para aparentar una actividad voluntaria.

Las víctimas, siempre según la Fiscalía, estaban obligadas a permanecer disponibles las 24 horas, dormían en condiciones de hacinamiento y eran vigiladas mediante cámaras y micrófonos. Necesitaban permiso para salir del piso y no podían ausentarse durante largos periodos, bajo la amenaza de represalias o de ser denunciadas por su situación administrativa irregular.

La operación policial culminó en diciembre de 2022 con la desarticulación del grupo y la puesta a disposición judicial de sus integrantes. La celebración del juicio queda ahora pendiente de la localización de la principal acusada y de garantizar la declaración de las víctimas protegidas.