La mañana había comenzado como cualquier otra en el barrio del Cuatro de Marzo, en Valladolid. A primera hora, el coronel de Infantería Manuel López Muñoz, de 63 años, abandonó su domicilio para dirigirse a su puesto de trabajo como asistente del gobernador militar de Valladolid. No llegaría nunca a su destino.

Poco después de las ocho y cuarto de la mañana, cuando acababa de salir del portal de su vivienda en la calle Turina, fue sorprendido por dos terroristas, un hombre y una mujer, que se habían aproximado por detrás tras semanas de vigilancia. A escasos metros de la entrada del edificio, uno de ellos abrió fuego. Los disparos alcanzaron al militar y le causaron la muerte prácticamente en el acto.

El estruendo de las detonaciones rompió la tranquilidad de la calle. Uno de los hijos de la víctima, que se encontraba en casa, oyó los disparos y bajó corriendo. Lo que encontró fue una escena que quedaría grabada para siempre en la memoria de la familia y de toda la ciudad: su padre tendido en el suelo, sin vida.

La noticia se propagó con rapidez por Valladolid. Aunque España estaba acostumbrada a convivir con el terrorismo durante aquellos años, la capital vallisoletana apenas había sufrido atentados mortales. La sensación general fue de incredulidad. Muchos ciudadanos descubrieron aquel día que la violencia terrorista podía golpear también una ciudad considerada tranquila y alejada de los principales focos de actividad de las organizaciones armadas.

Las investigaciones policiales apuntaron desde el primer momento a los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO). La organización reivindicó posteriormente el asesinato, que se convirtió en una de sus acciones más relevantes de aquella etapa. Según las pesquisas, los autores habían preparado cuidadosamente el atentado y utilizaban una infraestructura clandestina en Valladolid para ocultarse y planificar sus movimientos. Meses después, la policía localizaría un piso franco relacionado con los miembros del comando implicado.

Con el paso de los años, la justicia logró esclarecer los hechos. Diversos integrantes de los GRAPO fueron condenados por su participación en el atentado, incluido el entonces dirigente de la organización, Fernando Silva Sande, considerado responsable de ordenar la acción terrorista.

Más de tres décadas después, el asesinato del coronel López Muñoz sigue ocupando un lugar destacado en la memoria colectiva de Valladolid. Para muchos vecinos, aquel viernes de junio de 1990 simbolizó el final de una sensación de inmunidad frente al terrorismo. La muerte del militar no solo truncó una vida y destrozó una familia; también dejó una profunda huella en una ciudad que, de repente, descubrió que la violencia política podía llamar a su propia puerta.